Inexactitudes históricas

Los cuatro partidos con representación en el Parlamento de Andalucía han suscrito una proposición no de ley en la que se reclama a la Junta que inste al Gobierno de la nación el "reconocimiento y restitución de la dignidad y el honor del padre de la patria andaluza" y el estudio de las "vías que puedan derivar en la anulación del proceso que condenó a muerte a Blas Infante". De paso, se propone a la Cámara que reconozca a Blas Infante como presidente de honor de la autonomía para así expresar "el reconocimiento de la nominación, aprobada en la última de las Asambleas proautonomistas, de Blas Infante como presidente de honor de la futura autonomía".

La diligencia que en los últimos días han mostrado nuestros partidos para intentar la anulación de la condena de Blas Infante tiene mucho que ver con una iniciativa similar de los partidos catalanes para Lluis Companys, que dispone del apoyo del Gobierno central hasta el punto de que su vicepresidenta ha declarado que se estudiará una ley especial con el fin de que el presidente de la Generalitat republicana "quede rehabilitado y sea restituido su honor". En contra de lo que se ha escrito en la prensa y dicho en algunas tertulias radiofónicas, no veo nada malo en que corramos detrás de los catalanes a pedirle al Gobierno algo similar a lo que ellos piden. Estamos en un régimen de autonomismo competitivo y no conviene quedarse atrás ni en los detalles simbólicos: si Maragall reclama la anulación de la sentencia a muerte de Companys para conseguir su "honorabilidad plena" nosotros no vamos ahora a paralizarnos diciendo que la "dignidad y el honor" de Blas Infante están más que reconocidos por las instituciones andaluzas (declarado padre de la patria por el Parlamento, homenajeado anualmente por el presidente de la Junta el día de su fusilamiento, etc). Ni siquiera sirve que en abril de 2002 el Congreso reconociera la "figura humana y política de Blas Infante como padre de la patria andaluza así como su contribución histórica a la constitución de la actual comunidad autónoma de Andalucía". En un país de culto a los líderes como el nuestro, el honor depende de que el presidente del Gobierno quiera anular una sentencia que no tiene el más mínimo efecto jurídico.

Precisamente, la proposición conjunta de PSOE-PP-IU-PA tiene en este apartado de la sentencia uno de sus grandes hallazgos. Companys fue juzgado en Montjuïc por un consejo de guerra que lo condenó a muerte y lo fusiló el 15 de octubre de 1940; mientras que Blas Infante fue fusilado en Sevilla, sin ningún paripé de juicio previo, el 11 de octubre de 1936; cuatro años después, el 4 de mayo de 1940, se dictó una sentencia que lo encontró culpable de "un caso de responsabilidad política de carácter grave" y lo condenó al pago de dos mil pesetas, "resolución que se comunicará a la viuda del inculpado". Pero nuestros políticos no se entretienen en estos detalles y piden lisa y llanamente que se anule el "proceso que condenó a muerte a Blas Infante". No es probable que el Gobierno conteste que ese proceso no existe, que simplemente se le sacó de madrugada de la presión del cine Jáuregui y se le dio café sin más trámites; ni es cosa de ir contando la historia tal como ocurrió, no vaya a ser que los catalanes -que todos sabemos que son muy suyos- les dé por decir que el fusilamiento de su president fue más ominoso que el del Blas Infante.

Para mantener el paralelismo con Cataluña, la iniciativa conjunta de nuestros partidos comete otra pequeña imprecisión histórica: señala que en la "última de las Asambleas proautonomistas", Blas Infante fue reconocido "como presidente de honor de la futura autonomía". Así que el franquismo fusiló al president de la Generalitat y al Presidente de honor de la futura Andalucía autónoma. Sin embargo, no conozco a ningún historiador que defienda que Blas Infante obtuviera este nombramiento en la reunión que el 5 de julio celebró en la Diputación de Sevilla la Asamblea pro Estatuto de Andalucía, hasta ahora considerada la última asamblea proautonomista. Claro que de creer la biografía de Blas Infante que tiene la página web de la Junta de Andalucía, el nombramiento fue todavía más importante: "En junio de 1936, Infante es elegido presidente de la futura Junta Regional de Andalucía. El proyecto, en el que ha depositado tantas ilusiones, espera a ser sometido a referéndum en septiembre. La rebelión militar contra el Gobierno de la República, el 18 de julio, lo impide". Pero ni había proyecto de Estatuto (sino un anteproyecto de 1933, sujeto a debate), ni se iba a refrendar un texto inexistente (sino a convocarse una reunión de los representantes municipales para que aprobaran el proyecto de Estatuto), ni Blas Infante fue nombrado pro-futuro presidente de nada. Con un sentido democrático más pronunciado del que ahora algunos parecen tener, en julio de 1936 Blas Infante fue nombrado "presidente de honor de la Comisión Ejecutiva Pro-Estatuto". Es decir, de la comisión gestora encargada de pilotar el complicado proceso autonómico que establecía el artículo 12 de la Constitución de 1931.

Así las cosas, me parece bien que los partidos políticos pidan la anulación de la sentencia sobre la "responsabilidad política" de Blas Infante. No estoy seguro de que sea una buena idea nombrarlo "presidente de honor de la comunidad autónoma", título que inevitablemente siempre será menos importante que el de "padre de la patria". Pero lo que sí tengo claro es que hacer una cosa y otra basándose en inexactitudes históricas es algo que la figura de Blas Infante no se merece.

Agustín Ruiz Robledo es profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Granada