El Tratado de Maastricht forzó la primera reforma de la Ley Fundamental

La consulta al Tribunal Constitucional para dirimir si un Tratado Internacional obligaba a la revisión previa de la Constitución Española, prevista en el artículo 95.2 de la Constitución, se hizo por primera vez en 1992. El Gobierno socialista de Felipe González preguntó al Tribunal si el Tratado de la Unión Europea firmado en Maastrich chocaba con algún aspecto de la Constitución Española.

Los magistrados del Tribunal, cuya resolución era vinculante para el Ejecutivo, resolvieron que había que modificar el artículo 13 de la Constitución Española para que los ciudadanos de la Unión Europea residentes en España pudieran ser elegidos en las elecciones municipales.

El Tribunal Constitucional aprobó su resolución por unanimidad y el Ejecutivo dejó en manos de las Cortes la reforma de la Constitución Española en su artículo 13. Aquella reforma no requirió un referéndum por lo que se hizo mediante la tramitación de una proposición de Ley en el Congreso de los Diputados que necesitaba para su aprobación un mínimo de tres quintos (210 votos en el Congreso y 153 en el Senado).

El Gobierno de Felipe González se resistió, sin embargo, todo lo que pudo, a la reforma de la Constitución. Primero se apoyó en un dictamen del Consejo de Estado para mantener que bastaba una ley orgánica para adaptarse al tratado. Después, en sus escritos al Tribunal Constitucional, avaló que se modificara la nacionalidad de los residentes europeos, a efectos electorales. Todo por no cambiar la Constitución.

El Gobierno aceptó al final que la reforma se tramitara mediante una iniciativa legislativa de todos los grupos parlamentarios, al considerar que el primer cambio de la Constitución que se hacía en España desde su aprobación en 1978 debía ser pactada. José María Aznar, entonces jefe de la oposición, apoyó esta idea: "No debe ser el Gobierno el que envíe un proyecto de Ley al Parlamento, sino que nazca de un compromiso de todos los grupos políticos y se salvaguarde el principio de consenso constitucional".

Todos los grupos parlamentarios firmaron la proposición de Ley para modificar el artículo 13.2 de la Constitución Española. En el pleno donde se aprobó la reforma, celebrado el lunes 13 de julio de 1992, todos los grupos defendieron que para cualquier modificación de la Constitución se exigiera el consenso.

El proceso concluyó definitivamente el 26 de agosto de 1992 con la firma del texto de la reforma Constitucional por parte del rey Juan Carlos y el presidente del Gobierno, Felipe González. El Rey y el jefe del Ejecutivo rubricaron el texto en cuatro versiones distintas en otras tantas lenguas oficiales de España (castellano, catalán, gallego y euskera). El acto de la firma entre don Juan Carlos y Felipe González se celebró en el Palacio de Oriente con la presencia de las principales autoridades políticas y judiciales.