El alumbrado de Valencia cuesta 20 millones al año tras incorporar 30.000 farolas desde 1997

El exceso de luz de las noches valencianas ha dejado de ser una percepción. Una auditoría de la Intervención General del Ayuntamiento revela que el número de farolas ha pasado de 50.816 en 1997 a 79.323 en 2003. Ello ha generado un "fuerte crecimiento" del gasto en todas las partidas relativas al alumbrado público que se resume en un dato: El Consistorio destinó el año pasado 19.658.638 euros entre conservación, inversiones y factura eléctrica. El aumento ha implicado un desplazamiento del gasto a ejercicios siguientes que "supera con creces el 25% del importe total".

La red de alumbrado público de la ciudad de Valencia se organiza, a efectos de conservación y mantenimiento en dos zonas, la norte y la sur, separadas por el viejo cauce del río Turia. Desde 1997, año de las adjudicaciones de las contratas, la norte está encomendada a la empresa Etralux y la meridional a Imes.

El "fuerte incremento" de gasto registrado desde entonces, señala la Intervención General, no ha ido acompañado de un incremento paralelo de las dotaciones presupuestarias. Ello explica el fenómeno del desplazamiento de gasto de un ejercicio de a otro, que no superaba el 10% en los primeros años de la contrata y que ahora supera el 25% del importe total.

El principal gasto de 2003 fue el de inversiones, con 8.406.935 euros. La factura eléctrica costó 5.802.439 euros, lo que implica un aumento del 47,43% respecto a 1999, cuando se pagaron 4.915.021. Un incremento debido al crecimiento del consumo, "sin que los precios hayan tenido un efecto apreciable". El gasto corriente en conservación de las farolas pasó de 3.049.345 euros hace siete años a los 5.110.074 del último ejercicio (un 68% más), a lo que debe sumarse 339.190 euros de mantenimiento.

El examen de las cuentas no encuentra graves problemas, pero sí "características singulares" en el apartado de inversiones.

La primera es el "total automatismo" del Ayuntamiento al encargar "la práctica totalidad de las obras" a las empresas Etralux e Imes, adjudicatarias de las contratas de servicios. Algo que el pliego de condiciones recoge como posibilidad y no como una obligación, y que debe justificarse. La Intervención General señala que este punto ha sido sustituido reiteradamente por el único argumento "de la rapidez en los trámites" y la larga experiencia.

La segunda singularidad es que "ninguno de los proyectos analizados" supera los 300.000 euros -lo que permite evitar la intervención de la Oficina de Supervisión de proyectos- a pesar de que en varios casos se trata de "proyectos contiguos y de realización casi simultánea" destinados a una misma calle.