El juez procesa a cinco ex altos cargos de ETA por planear y ejecutar el asesinato del político Gregorio Ordóñez

El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha procesado a los cinco miembros del comité ejecutivo de ETA que planearon el asesinato de Gregorio Ordóñez, teniente de alcalde de San Sebastián por el Partido Popular, en 1994. “Existen indicios racionales que el asesinato de Ordóñez fue ordenado por el Comité Ejecutivo de ETA, también conocido como Zuba o Erakundea, como resultado de una decisión colegiada″, señala el auto publicado este viernes. El procesamiento llega 30 años después de que Ordóñez fuera tiroteado a bocajarro por un individuo encapuchado en el restaurante La Cepa, en la parte vieja de San Sebastián. Ordóñez estaba junto a otros compañeros del partido cuando recibió el disparo.

Los responsables que ejecutaron el asesinato fueron los terroristas Valentín Lasarte, Javier García y Juan Ramón Carasatorre, que ya han sido condenados en sentencia firma por la Audiencia Nacional en 1997, 2006 y 2011. De Jorge procesa ahora a los responsables que dictaron la orden del asesinato como coautores por inducción: José Javier Arizcuren, Kantauri; Ignacio Gracia, Iñaki de Rentería; Miguel Albisu, Mikel Antza; Julián Achurra, Pototo, y Juan Luis Aguirre, Isuntza.

El magistrado afirma que el Comité Ejecutivo de ETA decidía los atentados contra políticos u otras personas de especial repercusión. Es decir, los comandos de la banda no podían asesinar estos objetivos sin una autorización u orden expresa. Por otro lado, este comité suministraba armas y recursos para que los terroristas ejecutaran sus órdenes. Así lo razona De Jorge: “Sin la función coordinadora, controladora y suministradora de medios que llevaba a cabo el comité ejecutivo, el funcionamiento de la organización se paralizaría y los atentados serían imposibles. Todo ello constituye la base para atribuir a los integrantes del comité ejecutivo la intervención en el curso causal y la responsabilidad por todos y cada uno de los atentados cometidos por ETA durante el tiempo de su integración en el comité, incluso cuando el objetivo no hubiera sido seleccionado o autorizado por ellos”.

En el auto se detallan las pruebas que demuestran, por un lado, que el asesinato de Ordóñez formaba parte de una nueva estrategia que ETA puso en marcha en 1992 (tras el desmantelamiento de su cúpula en Bidart) y que giraba en torno a dirigir los atentados a objetivos más selectivos y significativos, como el del teniente de alcalde de San Sebastián, por entonces máximo responsable del PP en Gipuzkoa. Los indicios, añade el juez, se extraen “de las declaraciones de los testigos protegidos que obran en el sumario, de donde se desprende que la decisión de cometer el atentado que costó la vida de Ordóñez la tomó en Francia el Comité Ejecutivo de la banda criminal ETA y la orden de ejecutarlo la transmitió al Comando Donosti, que la puso en práctica”. También cita como prueba el comunicado de la reivindicación del asesinato del grupo armado en el medio Egin y también varios documentos internos de la banda.

Y, por otro, incluye las referencias que prueban que los ahora procesados formaban parte del comité, como cartas y declaraciones testificales. Este es el perfil resumido de cada uno de esos terroristas: Gracia Aguirre se integró en el comité a mediados de 1992, donde estuvo hasta su detención en septiembre del 2000, como responsable de los aparatos militar y logístico. Albisu lo hizo entre 1994 y 2004 como responsable del aparato logístico. Julián Achurra estuvo en el comité entre 1992 y 1996 como máximo dirigente del aparato de logística y Arizcurren ejerció labores de responsabilidad al frente del aparato militar desde 1994 y, según el auto, “habría participado en la decisión y transmitido las instrucciones emanadas de la cúpula al comando Donosti para el asesinar a Ordóñez”. En el caso de Aguirre Lete, el auto señala que fue lugarteniente de Arizcurren y también formó parte para materializar “el traslado de las instrucciones” del asesinato.

La asociación Dignidad y Justicia ha publicado este viernes en una nota que gracias a los informes de Guardia Civil y Policía Nacional aportados en la causa, los investigadores han podido averiguar quiénes estaban al mando cuando se cometieron algunos asesinatos. “Estos informes permitieron reabrir causas como la de Gregorio Ordóñez con el fin de acusar judicialmente no tanto a quienes apretaron el gatillo como a aquellos que tenían el dominio de la organización y, por lo tanto, pudieron haber evitado el atentado.