Economía europea en dos idiomas

La reciente publicación del número 1 de la Revista Urban Public Economics es una buena noticia para la investigación económica ya que muestra una serie interesante de atributos que la hacen especialmente relevante. El primero es que intenta ser una revista Europea y, aunque publicada en España, es bilingüe, con artículos en español y en inglés y, además, es coeditada por un profesor nacional y otro francés: los profesores Luis Caramés, de la Universidad de Santiago de Compostela, y Jean Michel Uhaldeborde, de la Universidad de Pau. El segundo es que intenta mejorar la investigación económica en un asunto de creciente y acuciante importancia en el mundo, como es el de los problemas económicos, institucionales, geográficos, fiscales y financieros que experimenta la gestión de las ciudades, especialmente todas aquellas que han devenido megalópolis tras el auge urbano explosivo de las últimas décadas.

Una de las transformaciones más importantes que se han dado en el mundo en las últimas décadas ha sido su vertiginosa urbanización. En 1950 sólo el 30% de la población mundial vivía en ciudades, en 2000 ya eran el 47% y en 2010 alcanzarán el 60%, es decir, aproximadamente 3.900 millones de personas. Como es natural, la política y las instituciones no se han adaptado todavía a este fenómeno.

Las zonas rurales europeas se han despoblado y envejecido por su baja productividad y competitividad relativas, y ello a pesar de que la Unión Europea dedica el 45% de su presupuesto a subvencionar el sector primario y de que las barreras comerciales en los productos agrícolas y ganaderos, frente al resto del mundo, siguen siendo enormemente elevadas. La población rural joven y la inmigrante se han desplazado a las ciudades para tener mayores oportunidades de educación, empleo y desarrollo, provocando serios problemas a las ciudades. El primero es político: las circunscripciones electorales no han variado, con lo que un voto rural llega a valer hasta veinte votos de algunas ciudades a la hora de elegir a un diputado o senador.

El segundo es social: las ciudades han tenido que hacer frente a la avalancha de gente suministrándoles, vivienda, educación, sanidad, transporte, agua, electricidad y empleo. El tercero es económico: las ciudades no disponen de los recursos para hacer frente a todos estos nuevos servicios sociales. La descentralización europea se ha hecho concediendo mayores competencias, impuestos y transferencias a sus regiones y a sus provincias, pero no a sus ciudades, con lo que éstas tienen un problema muy grave de recursos y de endeudamiento. El resultado es que en las ciudades se han desarrollado, masivamente el chabolismo, la pobreza, la marginalidad y consiguientemente, la inseguridad y la violencia ciudadanas.

El sector público local -y especialmente el urbano- sufre de fiscal stress, de falta de equidad, horizontal y vertical, al tiempo que se enfrenta a problemas de medio ambiente, de deterioro de infraestructuras, de déficit en vivienda, de una insuficiente cantidad y calidad de diversos servicios públicos, etcétera, todo ello merecedor de reflexiones teóricas y contrastaciones empíricas.También resulta del mayor interés prestar atención al desajuste entre el mapa institucional y el territorio, fenómeno que se agrava en las aglomeraciones urbanas.

El viejo municipio, con sus obsoletos límites tradicionales, se compadece mal con una realidad que trasciende sus fronteras. La intermunicipalidad es, por lo tanto, otro referente de estudio en la hacienda pública urbana. El enfoque de la UPER parece el adecuado en ese sentido, abarcando una amplia casuística y llenando un vacío en el campo de la investigación económica que no puede ser atendido por publicaciones de carácter más general.

Estos y otros problemas son los que esta nueva revista intenta abarcar aportando investigación, tratando de buscar soluciones, de ahí que deba ser bienvenida, merezca tener éxito y, en todo caso, deba de felicitarse a sus editores por afrontar tamaño empeño.

Guillermo de la Dehesa es presidente del CEPR (Centre for Economic Policy Research