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LA CONFERENCIA DE PRESIDENTES

Los socialistas anuncian el inicio de una etapa de colaboración autonómica

Los presidentes de comunidad del PSOE afirman que se ha puesto fin al centralismo

Anabel Díez

"Golpe de muerte a la visión del Estado centralista"; "se ha expedido un certificado de defunción al centralismo". Esto es lo que ayer ocurrió en la Conferencia de Presidentes, según los máximos responsables de los Gobiernos de Andalucía y de Extremadura, Manuel Chaves y Juan Carlos Rodríguez Ibarra, respectivamente. Los socialistas aseguraron que "todos" los presidentes actuaron como representantes de los ciudadanos y no de sus respectivos partidos.

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El resultado de la primera Conferencia de Presidentes sorprendió con mucho agrado a los máximos dirigentes de comunidades gobernadas por el PSOE al comprobar que el PP no bloqueó el nacimiento de esta nueva instancia y aprobó su puesta en marcha, así como el resto de los puntos del orden del día previstos por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, como no sabía, al igual que otros compañeros suyos, con lo que se iban a encontrar, en relación a la posición del Partido Popular, hizo una intervención inicial pidiendo a todos que actuaran como lo que son: "representantes de los ciudadanos" y no de partidos políticos. Y así fue. Chaves señaló al terminar la reunión que, en efecto, "todos" habían hecho intervenciones como gobernantes.

"La Conferencia no ha sido una reunión de representantes de partido; hemos trascendido esa circunstancia y nos hemos comportado como presidentes de nuestras comunidades autónomas, y hemos hablado de asuntos de Estado que afectan a nuestras comunidades", explicó Manuel Chaves.

La ostensible satisfacción por el resultado de la Conferencia y por su significación política la resaltaron todos los socialistas que, al igual que los presidentes del Partido Popular, también incluyeron los asuntos concretos que consideran más acuciantes en sus respectivas comunidades. Tanto Chaves como Pasqual Maragall, presidente de la Generalitat de Cataluña, y Juan Carlos Rodríguez Ibarra (Extremadura), así como Marcelino Iglesias (Aragón), Vicente Álvarez Areces (Asturias) y José María Barreda (Castilla-La Mancha), elogiaron a Rodríguez Zapatero por haber convocado la conferencia. La mayoría de ellos considera perentorio un nuevo diseño de la financiación de la Sanidad aunque otros defendieron, en términos generales, un modelo diferente de financiación autonómica en la que no se tenga en cuenta exclusivamente la población sino la despoblación. Éste es el criterio que invocó el presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, que defiende con ahínco la necesidad de apoyo a la España despoblada, que es la que corresponde básicamente al interior. Iglesias dirigió su mirada a varios presidentes autonómicos que, a su juicio, deben tener su misma preocupación. Desde Manuel Fraga, presidente de Galicia, hasta Juan Vicente Herrera, presidente de Castilla y León. Pero el andaluz Manuel Chaves y el asturiano Vicente Álvarez Areces pusieron el énfasis en la financiación sanitaria, y de ahí su satisfacción por que el Pacto por la Sanidad pueda ser una realidad en 2005 y permita "la sostenibilidad" del sistema sanitario público, según Álvarez Areces. El presidente andaluz consideró que el Pacto por la Sanidad tiene que ser fruto de un gran acuerdo nacional entre sindicatos, empresarios, comunidades autónomas y Gobierno central. El asunto es de tal trascendencia que no puede afrontarse, como hasta ahora, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera sino en la Conferencia de Presidentes. El envejecimiento de la población debe ser un parámetro a tener muy en cuenta, según Chaves, por la "presión" que ejerce esa circunstancia en el gasto sanitario. También Álvarez Areces puso el acento en el envejecimiento de la población para modificar la financiación de la sanidad.

Para otros presidentes, la sanidad es un tema de suma importancia pero no lo es menos la necesidad de agua. Así lo manifestó el presidente de Castilla- La Mancha, José María Barreda, que coincidió en ese asunto con los presidentes del PP de la Comunidad Valenciana y de Murcia, Francisco Camps y Ramón Luis Valcárcel, respectivamente. Barreda pidió que las comunidades autónomas tengan participación "en los órganos de gestión de los recursos hídricos. Precisamente, la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha que plantea Barreda incluirá la asunción de esa competencia.

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Detrás está la pelea de este presidente con el Gobierno central, singularmente con la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, por su pretensión de que haya una derivación de agua, es decir, un trasvase de la cabecera del Tajo al Segura. Barreda recuerda que legalmente los trasvases pueden hacerse cuando los recursos son excedentarios, y no es ése el caso. Pero el presidente de Castilla-La Mancha dejó enseguida ese tema para pasar a elogiar lo fundamental que, a su juicio, ocurrió ayer: "La voluntad decidida de los presidentes autonómicos en la mejora y perfeccionamiento del Estado autonómico". El encuentro ha sido "fructífero y cordial", remachó Barreda.

Tanto éste como Álvarez Areces, Marcelino Iglesias y Rodríguez Ibarra defendieron la cooperación y coordinación de la España autonómica, y ensalzaron la existencia de la Conferencia de Presidentes como lugar de encuentro y discusión de las comunidades autónomas con el Gobierno central. Todos coincidieron en que la Conferencia debe ser un foro político en el que puedan abordarse todos los temas y que debe servir para "desbloquear" los conflictos que pueda haber entre comunidades autónomas y Gobierno central. De esta manera se da "un golpe de muerte a la visión centralista del Estado", según Manuel Chaves. Rodríguez Ibarra señaló que lo que ocurrió ayer es "el acta de defunción de la visión centralista de España".

Jaume Matas, a la izquierda, y Manuel Chaves, a la salida del palacio del Senado.
Jaume Matas, a la izquierda, y Manuel Chaves, a la salida del palacio del Senado.RICARDO GUTIÉRREZ

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Sobre la firma

Anabel Díez
Es informadora política y parlamentaria en EL PAÍS desde hace tres décadas, con un paso previo en Radio El País. Es premio Carandell y Josefina Carabias a la cronista parlamentaria que otorgan el Senado y el Congreso, respectivamente. Es presidenta de Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP).

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