La Agencia Tributaria desmantela una red que emitía facturas falsas a más de 30 empresas andaluzas

Agentes del Departamento Regional de Aduanas de Andalucía desmantelaron el miércoles una red que se dedicaba a emitir facturas falsas a más de 30 empresas ubicadas principalmente en Cádiz, Jerez de la Frontera y en Sevilla y, en menor número, en Almería y Granada. En la operación denominada Quercus (alcornoque), los agentes detuvieron a siete personas en tres municipios gaditanos: Benalup de Sidonia, Barbate y Jerez de la Frontera. Dos de los detenidos han ingresado en prisión aunque hay más de 20 imputados y la operación, según informó ayer en Sevilla la delegada especial de la Agencia Tributaria, Pilar Fernández, continúa abierta.

La estafa comenzó en 1999 cuando uno de los detenidos, el cabecilla de la organización afincado en un municipio de Cádiz y cuyo nombre no ha sido facilitado, puso en funcionamiento una veintena de empresas "fantasmas" en el litoral gaditano que emitían facturas falsas a otras empresas. Gracias a esta operación las empresas emisoras ganaban una comisión, que oscilaba entre 5%, y las empresas que recibían las facturas conseguían deducciones fiscales del 16% del IVA y del 35% en el impuesto de sociedades. Generalmente, las empresas pagaban un pagaré a la emisora por cada factura recibida y, posteriormente, ésta última negociaba el documento de pago en una empresa financiera radicada en Madrid para, finalmente, devolver el importe cobrado a la empresa receptora de la factura, una vez descontada la comisión. Después, las empresas emisoras, que obtenían de esta forma liquidez, "blanqueaban" ese dinero adquiriendo propiedades inmobiliarias.

El jefe del Departamento Regional de Aduanas, Alberto García, señaló ayer que el fraude "superaba los 35 millones de euros" en cuatro de las empresas investigadas y que la operación, que comenzó en abril de este año, continuaba abierta por lo que no se descartan nuevas detenciones. El titular del juzgado número dos de Instrucción de Chiclana de la Frontera (Cádiz) ha decretado el secreto del sumario aunque los responsables de la investigación señalaron ayer que entre las 30 empresas implicadas, "hay conocidas y algunas grandes empresas" de los sectores de la construcción, transportes y hostelería.

Los detenidos, según Pilar Fernández, "tienen lazos familiares", son todos españoles y no tienen antecedentes penales. Se les acusa de delito fiscal y de falsedad documental aunque no se descarta que también hayan cometido delitos de alzamiento de bienes y falsedad en documento mercantil.