La aplicación cautelar divide a los jueces

El control de la medida cautelar de alejamiento mediante el brazalete electrónico suscitó ayer un contraste de criterios entre la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria y conservadora, y Jueces para la Democracia (JpD), progresista. José Manuel Suárez Robledano, portavoz de la APM, al igua que la propia Consejería de Justicia madrileña, considera que el brazalete electrónico puede imponerlo "sin duda alguna" el juez de instrucción, como herramienta de la medida cautelar de alejamiento, que permite la Ley de Enjuiciamiento Criminal, incluso sin que consienta el supuesto maltratador.

En cambio, Inmaculada Montalbán, portavoz de JpD, señala que, dado que el control electrónico lo introduce el Código Penal para cuando exista sentencia condenatoria, "el brazalete electrónico no podrá imponerse como medida cautelar previa al juicio, a no ser con el consentimiento del acusado de maltrato".

La portavoz de JpD explicó que, "al tratarse el brazalete electrónico de una medida restrictiva de garantías y derechos fundamentales, tiene que aplicarse de forma restrictiva, por lo que lo mejor es que se establezca expresamente por ley, o, en su defecto, atenerse a la futura jurisprudencia".