Una experiencia pionera

Leo con asombro la peculiar interpretación sobre la gestación del Plan Forestal Andaluz que realiza el ex director del Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA), Francisco Vázquez Sell. Por desconocimiento, o malintencionadamente, asegura que el Plan Forestal fue una iniciativa de la Junta de Andalucía, intentando quitar todo protagonismo a los movimientos sociales que lo impulsaron.

En la década de los 80, poco había cambiado la política forestal en Andalucía, a pesar de las transferencias de competencias a la Junta, de la transformación sufrida en el mundo rural y del aumento de la conciencia medioambiental de la población. Los ciudadanos percibían cada vez más la necesidad de conservar los montes por su valor ecológico y los recursos directos e indirectos que aportaban a la sociedad. La crisis del campo andaluz había ocasionado una fuerte emigración hacia las ciudades y el abandono de los trabajos tradicionales en que se basaba la economía agrosilvopastoral, aumentando la dramática situación de desempleo. Las agresiones sobre las masas forestales se sucedían, con un fuerte aumento de los incendios forestales y de las roturaciones. La pseudoreforma agraria de la Junta agravó este productivismo, intensificando la deforestación.

Los conflictos se sucedían de forma alarmante. Enfrentamientos de propietarios forestales con las empresas de celulosa, denuncias por el abandono de los latifundios forestales, enfrentamientos entre administraciones, denuncias de los ecologistas contra las repoblaciones con eucaliptos y la proliferación de incendios y roturaciones... Ante esta situación de creciente degradación del medio rural, diversas organizaciones ecologistas (hoy integradas en Ecologistas en Acción) y el Sindicato de Obreros del Campo (SOC) presentaron en 1986 la propuesta de un gran acuerdo político y social sobre la política forestal en Andalucía. Esta propuesta, denominada "Pacto Andaluz por la Naturaleza", tenía dos objetivos básicos: la regeneración forestal y ecológica del campo andaluz, y el fomento del empleo basado en un aprovechamiento sostenible de los recursos del monte mediterráneo. El Pacto tuvo una amplia acogida, logrando la adhesión de un centenar de Ayuntamientos y de la mayoría de organizaciones políticas, sindicales, agrarias y ecologistas andaluzas. Esta iniciativa fue galardonada en 1990 con el Premio Nacional a la Conservación de la Naturaleza.

Las organizaciones impulsoras del Pacto Andaluz por la Naturaleza desarrollamos una intensa campaña: marcha en defensa del monte que recorrió 100 kilómetros a pie por la sierra gaditana, ocupaciones de fincas para su repoblación, entrega de árboles a los parlamentarios andaluces en el debate de presupuestos..., consiguiendo poner de actualidad la necesidad del Plan Forestal. En junio de 1988, en la recepción del Día Mundial del Medio Ambiente, Paco Casero y yo mantuvimos un encuentro con el entonces Presidente de la Junta, José Rodríguez de la Borbolla, en la que le explicamos la importancia y urgencia de abordar una nueva política forestal en Andalucía. El Presidente se comprometió a poner en marcha la redacción y tramitación del Plan Forestal, en colaboración con las entidades sociales interesadas. Este proceso fue una experiencia inédita a nivel estatal. Sectores tradicionalmente enfrentados nos pusimos de acuerdo -fueron infinidad de reuniones- en pro de una política que compatibilizara la conservación con el desarrollo socioeconómico de las comarcas rurales, lo que ahora se llama "Desarrollo sostenible". Un proceso participativo que ahora Vázquez Sell intenta ningunear. Sin la participación ecologista, no se hubiera gestado, redactado ni aprobado este Plan. Si a alguien hay que reconocer el mérito de idear y promover este Plan es a Casero, el mismo que Vázquez Sell asegura que tuvo "reticencias". Tras un amplio proceso de debate y participación social, el Plan Forestal se aprobó por unanimidad del Parlamento andaluz el 15 de noviembre de 1989. Tampoco fuimos ajenos a esta unanimidad, pues Paco Casero y yo terminamos de convencer al PP de la importancia de la aprobación del Plan, que era de todos, no del PSOE.

En lo que coincidimos con el ex director del IARA es en el escaso cumplimiento del Plan Forestal. Como con otros tantos planes, se dedicó más esfuerzo a su publicidad que a su cumplimiento. Los más clamorosos incumplimientos se refieren a los tratamientos selvícolas, las repoblaciones y la adquisición de terrenos forestales. El déficit de inversiones se podía elevar en el primer decenio a más de 300 millones de euros. Si el objetivo del Plan Forestal era triplicar la superficie forestal pública, la realidad es que la Junta de Andalucía viene renunciando incluso a las ofertas voluntarias de los propietarios; si era duplicar la superficie arbolada, ésta está disminuyendo; si era implicar a la población en una economía agrosilvopastoral moderna y diversificada, la población rural sigue abandonando el monte. En 1995, de forma unilateral, la Junta modificó el Plan Forestal, reduciendo o eliminando los objetivos más ambiciosos.

Los incendios forestales del pasado verano han sido una dura advertencia de que algo no funciona en la política forestal andaluza; es hora de recuperar el espíritu de cooperación con el que se gestó y aprobó el Plan Forestal, y poner como prioridad en Andalucía el conseguir un sector forestal donde el monte sea "vida y trabajo".

Juan Clavero Salvador es coordinador de Ecologistas en Acción- Andalucía