Siete grupos inician en el Congreso la despenalización de referendos ilegales

Todos los grupos parlamentarios del Congreso, excepto el PP, firmaron ayer la proposición de ley para derogar la reforma del Código Penal de diciembre de 2003, en la que se tipificó como delito, penado con cárcel, la convocatoria de un referéndum ilegal o cualquier tipo de colaboración en uno de estos procesos. El plazo de tramitación exige buscar una fórmula, porque existen por delante más de cien proposiciones de ley por debatir.

PSOE, CiU, ERC, PNV, Izquierda Verde, Coalición Canaria y Grupo Mixto presentaron ayer en el Registro del Congreso una proposición de ley con una extensa exposición de motivos y un texto articulado extraordinariamente breve: "Quedan suprimidos los artículos 506 bis, 521 bis y 576 bis del Código Penal".

Eso es todo para dejar sin efecto la reforma más singular, en la forma, que haya sufrido el Código Penal. Los nuevos tipos delictivos se introdujeron a través de una enmienda a la Ley de Arbitraje, cuando se tramitaba en el Senado y que luego ratificó el Pleno del Congreso, con los únicos votos del PP y la indignación del resto.

Lo insólito del procedimiento no impide que ahora el PP exija, entre otras cosas, el informe previo del Consejo General del Poder Judicial. Ángel Acebes, secretario general del PP, preguntó ayer al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "a cambio de qué" va a derogar la penalización de la convocatoria de referendos ilegales, por ejemplo, sobre el plan Ibarretxe. "A cambio de qué se ha hecho una concesión que supone un grave riesgo para la unidad de España", clamó Acebes, tras argumentar que el anterior Gobierno utilizó el método de una enmienda en el Senado para esa reforma legal por "la urgencia" que supuso el anuncio del lehendakari, Juan José Ibarretxe, del "calendario de puesta en marcha de su plan secesionista". Ese riesgo, según Acebes, sigue "plenamente vigente" pues el lehendakari no ha renunciado a convocar un referéndum sobre su plan.

Diego López Garrido, secretario general del Grupo Socialista, presentó ayer la proposición. La justificó por el "fondo antidemocrático" que supuso aquella reforma que, en su opinión, era tanto como "implantar el delito político". Argumentó que el ordenamiento jurídico tiene otras vías distintas a la penal para impedir que prospere una posible actuación ilegal en este terreno.

Ahora queda un problema por resolver: las proposiciones de ley se debaten según el orden de presentación en el registro del Congreso. En este momento hay cerca de un centenar por tramitar, por lo que la presentada ayer tardaría muchos meses en llegar al Pleno de la Cámara.

Fuentes socialistas explicaron que CiU tiene presentada una proposición de contenido muy parecido, que está en cuarta posición en el orden de registro, con lo que podría verse en un par de semanas. CiU se mostró dispuesta a sustituir la suya por la presentada ayer, pero eso exigiría el acuerdo del PP que, con seguridad, lo negará. Ayer no se había decidido la fórmula final para que la despenalización salga adelante a corto plazo.