El Gobierno no desea tocar los acuerdos con la Iglesia ni su financiación

"La revisión global de los acuerdos con la Santa Sede no figura entre las prioridades del Gobierno. No figuró en el discurso de investidura. No figuró en el programa electoral".

Con esa triple apelación pareció que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quería solemnizar ante el pleno del Congreso de los Diputados el compromiso, ya expresado en ámbitos más informales, de mantener inalteradas las líneas maestras de la relación Estado-Iglesia católica.

Zapatero aprovechó la respuesta a una pregunta del portavoz de Izquierda Verde, Gaspar Llamazares, que quería saber si el Gobierno iba a "renegociar los acuerdos con la Santa Sede".

Además de la triple negativa expresada por Zapatero -y que le valió que Llamazares le respondiese: "no pensaba que llegasen tan lejos"-, el presidente del Gobierno también dio seguridades de que no modificará el sistema de financiación del que goza la Iglesia católica.

El portavoz de IU le pidió que no haga como anteriores gobiernos, que "cumpla la ley y pague a la Iglesia católica lo que marquen los ciudadanos en el impuesto sobre la renta. Respeto todo, pero ningún privilegio", dijo.

"La fe no se legisla"

El presidente del Gobierno no aceptó la propuesta. Recordó que los acuerdos de 1979 establecen la financiación estatal para la Iglesia como una fórmula transitoria, pero también en este apartado dio seguridades de que "el Gobierno no tiene ninguna prisa en alterar esta situación de transitoriedad" y sí de "dialogar y negociar con la Iglesia católica".

Con estas seguridades de que todo seguirá como está en lo fundamental, Zapatero no olvidó recordar el derecho del Gobierno y del Parlamento a legislar tal y como crean conveniente.

Llamazares le había exigido que "las iniciativas en materia de derechos civiles no se condicionen a la opinión moral de un sector religioso" y el presidente del Gobierno aprovechó para recordar tres principios que rigen su concepción del "Estado aconfesional": La extensión de los derechos y las libertades individuales, con respeto a todas las confesiones religiosas. En segundo lugar, dijo "que la fe no se legisla, la fe pertenece a la conciencia de cada persona" y, por fin, que "el Gobierno no tiene ningún interés en ninguna confrontación, simplemente pide a todo el mundo que respete la voluntad que emana de esta Cámara, que es la ley, que es lo que cuenta en democracia".