Hacienda propone dar más capacidad fiscal a las autonomías para atajar el déficit sanitario

El Ministerio de Economía y Hacienda prepara una batería de medidas para el primer trimestre de 2005 con un objetivo: atajar el abultado déficit sanitario de las comunidades autónomas, cifrado en más mil millones de euros anuales. Hacienda estudia dotar a las autonomías de una mayor capacidad normativa en los impuestos especiales -básicamente, los que gravan el consumo de alcohol y tabaco- y permitirá también crear nuevas figuras impositivas en el ámbito de la fiscalidad medioambiental para acabar con el grave problema de financiación de la sanidad pública.

"El Gobierno no va a mirar para otro lado en el problema del déficit sanitario que padecen las comunidades autónomas". El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Angel Fernández Ordóñez, anunció ayer en Barcelona "un gran pacto para paliar los problemas de financiación de la sanidad pública en 2005, similar al Pacto de Toledo" que hace 10 años permitió garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones.

Ante las demandas de las comunidades autónomas por el déficit acumulado en el sistema sanitario, Fernández Ordóñez explicó que en el primer trimestre de 2005 se pondrán en marcha medidas encaminadas a reducir la sangría de la sanidad a través de "nuevas figuras tributarias, como por el ejemplo, en el campo de la fiscalidad medioambiental", aunque eludió precisar las novedades impositivas.

Impuestos especiales

Pero el gran objetivo serán los impuestos especiales sobre el alcohol y el tabaco, productos relacionados directamente con el incremento del gasto sanitario y cuya fiscalidad será objeto de modificaciones. Fuentes de Economía y Hacienda explicaron que el ministerio ha creado un grupo de trabajo para estudiar la posibilidad de dotar de mayor capacidad normativa a las comunidades en lo relativo a estos impuestos, cuya recaudación se cede en un 40% a las autonomías.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera -en el que participan el Estado y los consejeros de Economía autonómicos- ya creó un grupo de trabajo similar destinado a evaluar el sobrecoste que suponen los cambios derivados del aumento de la población y su envejecimiento.

El margen de maniobra de las comunidades en materia fiscal se limita actualmente a la posibilidad de fijar un recargo en el IRPF -que hoy no utiliza ningún Gobierno autonómico por los costes electorales que acarrea- o en impuestos "muy rígidos", según Fernández Ordóñez, como ocurre en el caso del recargo sobre los carburantes. Madrid, Galicia, Asturias y Cataluña ya utilizan el denominado céntimo sanitario, un gravamen máximo de 2,4 céntimos por litro de gasolina que sólo puede destinarse a financiar la sanidad pública o a políticas relativas al medio ambiente. Pero el resto de comunidades se resisten a utilizar este recargo, que en comunidades como Cataluña desató un alud de críticas al Ejecutivo autonómico por parte de sindicatos, organizaciones empresariales y asociaciones de consumidores. Cataluña aplica el recargo máximo. "La sanidad es competencia de las comunidades autónomas, pero el Gobierno va a actuar no sólo por razones de solidaridad, sino porque en su día la transferencia no estuvo acompañada de capacidad para incrementar los ingresos tributarios a medida que se produce aumentos del volumen de gasto", dijo Fernández Ordóñez.

No tocar el IVA

El secretario de Estado -que participó en una conferencia sobre los Presupuestos en la sede de La Caixa- dejó claro que la voluntad del Ministerio de Economía no es incrementar el porcentaje del impuesto sobre el valor añadido (IVA) ni del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) cedido a las comunidades autónomas.

"Eso supondría drenar una parte importante de los ingresos de la Administración central", explicó, "cuando el objetivo es dotar de mayor capacidad normativa a los Gobiernos autonómicos" para que éstos puedan crear nuevas figuras impositivas.

"El Pacto de Toledo se ha revelado como fundamental para garantizar el sistema público de pensiones, y el objetivo es un gran pacto similar para asegurar la sostenibilidad del sistema público de salud, un consenso en el que participen las comunidades autónomas", afirmó Fernández Ordóñez. El pasado septiembre, el PSOE ya ofreció al PP iniciar las negociaciones para implementar un acuerdo para la "adecuada financiación" de la sanidad, una competencia que está transferida a las comunidades autónomas.