La policía 'pinchó' a dos implicados antes del 11-M, pero no supo interpretarlos

La policía interceptó en febrero pasado tres conversaciones entre dos implicados en el 11-M, Jamil Ahmidan, El Chino, muerto en el suicidio de Leganés, y Otman el Ganaoui, ahora encarcelado, pero no entendió a qué se referían, según reconoció ayer en la comisión de investigación del Congreso el ex jefe de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de Madrid, Juan Manuel Calleja.

Las conversaciones tuvieron lugar el 17 de febrero y el 28 y 29 del mismo mes. En la primera conversación, El Chino pedía a Otman que acudiera a una comisaría para denunciar el supuesto robo de su documentación, para obtener un duplicado, y en la última aludía a una "furgoneta" que debía recoger a otros miembros de la "célula de Morata" y trasladarse con ellos a Burgos. Según los autos del juez Juan del Olmo, Otman, acompañado por otros dos implicados, acudió ese día a recoger los dos vehículos que transportaban la dinamita desde Avilés por la carretera de Burgos.

Calleja aseguró ayer que "a toro pasado" es fácil interpretar el alcance de aquellas conversaciones, pero que en aquel momento resultaba muy difícil, ya que se expresaban en clave. Por ejemplo, no supieron descifrar a qué se refería El Chino cuando reclamaba "un clavo y un chico".

El comisario, que actualmente dirige la Brigada de Policía Judicial de Madrid, aseguró que antes del 11-M nadie les avisó de la posible implicación de delincuentes comunes en actividades terroristas, pero agregó: "Créanme que si hubiésemos interpretado que había algo de explosivos inmediatamente habríamos actuado, aunque el objeto de la investigación fuera otro distinto".

La investigación de la UDYCO se inició en diciembre de 2002 en torno a un grupo de magrebíes dedicado al tráfico de drogas en Parla (Madrid). El testimonio del comisario sumió en la confusión a los diputados, pues aludió repetidamente a El Chino como el primer investigado de dicha trama, para finalmente aclarar que se refería a un tal Abdelilah y no al suicida de Leganés.

A finales de febrero, las investigaciones se trasladaron a Alcalá de Henares (Madrid), al residir allí Lofti Sbai, el jefe de la banda, quien mantuvo una conversación con Rafá Zouhier, que se le ofreció para distribuir droga y cobrar deudas. Tras calificarlo de "conocedor" de la noche, agregó que se trata de una persona "con la que cualquier organización querría contar si tiene clientes que no satisfacen las deudas".

La UDYCO pidió la intervención del teléfono de Zouhier el 12 de marzo, un día después de la matanza, pero las escuchas no empezaron hasta el 15. A las 23.13 del 17 de marzo se interceptó una conversación entre el confidente y un oficial de la Guardia Civil llamado Víctor, en la que el primero aludía a la implicación de Jamal Ahmidam en el 11-M. Según explicó el comisario, puso esta conversación en conocimiento de sus superiores al día siguiente y Zouhier fue detenido el día 19. Según explicó, la UDYCO nunca tuvo conocimiento de que su unidad homóloga en la Guardia Civil había investigado el mercado negro de explosivos en Asturias a partir de una confidencia de su colaborador. La detención de Zouhier, agregó el comisario, alertó a los restantes miembros de la banda, pero estos acabaron siendo detenidos en mayo por tráfico de drogas.

Preguntado por la posible existencia de relaciones entre ETA y el terrorismo islamista, aventuró, como hipótesis personal, que éstas "pueden haberse fraguado en la cárcel", donde hay presos de ambos colectivos.

Seguridad "mejorable"

La sesión de la comisión de investigación sobre el 11-M se completó con la comparecencia del coronel José Luis Bayona Pérez, jefe del Servicio de Inspección de Armas y Explosivos de la Guardia Civil. Éste aseguró que las medidas de seguridad de Mina Conchita, de donde se sustrajo presuntamente la dinamita utilizada en los atentados, estaban "dentro de la legalidad", aunque eran "mejorables". Aseguró que la normativa española es de las más estrictas de la UE, pero que el "agujero negro" puede estar en la fase de consumo, que depende de la dirección de la mina.

Para solventar estos problemas, propuso la presencia de vigilantes jurados en las voladuras, que la Guardia Civil sólo controla ahora en el País Vasco o que sea preceptivo un informe del instituto armado para obtener la licencia de artillero.

El coronel detalló que en 2003 la Guardia Civil hizo 21 actuaciones en relación con hallazgos de explosivos en toda España y en lo que va de año llegan a 30, la mayoría tras el 11-M, que ha generado "mayor sensibilización".

De otro lado, TVE anunció ayer que transmitirá por La 2 las comparecencias en la comisión del 11-M del ex presidente José María Aznar y de su sucesor, José Luis Rodríguez Zapatero, el 22 y el 29 de noviembre, respectivamente.