El Gobierno del PP proyectaba hace un año cerrar cinco astilleros de Izar

El Gobierno del PP contaba con un plan de reestructuración de los astilleros de Izar que preveía cerrar cinco centros: Sestao, Gijón, Fene, San Fernando y Sevilla. El plan, que lleva fecha de octubre de 2003, fijaba un recorte de plantilla de 2.895 empleos (sobre 10.930), liberar suelo para financiar parte del coste de la reestructuración (unos 1.300 millones de euros) y dar entrada a capital privado. Las medidas son más onerosas que las planteadas por el Gobierno socialista, que no prevé ningún cierre y propone la segregación de las ramas civil y militar, y contra las que el PP ha lanzado duras críticas.

El PP, ahora en la oposición, ha criticado que el actual Gobierno quiere laminar la industria naval, dejando a zonas geográficas expuestas a la crisis. El propio ex ministro de Economía, Rodrigo Rato (ahora director del FMI) dijo recientemente que en su etapa no se perdió empleo en Izar.

Sin embargo, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) e Izar ya tenían claro desde hace tiempo que los astilleros públicos debían abordar una seria reestructuración para garantizar su supervivencia. Así, en octubre de 2003, se elaboró la Alternativa Industrial, que establecía un leonino plan de ajuste y que quedó guardado bajo llave, con el objetivo de dejarlo, al menos, hasta después de las elecciones. Según "el diseño realizado se estarían cerrando cinco centros de trabajo: Fene, San Fernando, Gijón, Sestao y Sevilla". Y añade que "para los centros de Fene y San Fernando se trata de una concentración-traslado de centro". Habrían quedado en el grupo los centros de Ferrol, Cádiz, Puerto Real, Cartagena y Manises, tanto para construcción como para reparaciones y otras actividades.

La reestructuración planteada por el PP afectaba en conjunto a 4.093 personas (1.976 prejubilaciones, 1.198 traslados y 919 bajas incentivadas localizadas en Gijón, Sestao y Sevilla). El documento vaticinaba que en estas tres plazas "es donde el impacto y rechazo laboral será mayor", pues es donde se producían bajas incentivadas y pérdida de actividad en la zona (subcontratas e indirectos). Por ello, proponía "intentar su privatización o bien trabajar en recolocaciones o ampliación de la edad de jubilación", aunque reconoce que la privatización sería "de difícil realización".

El informe, que en ningún momento hace alusión a los expedientes sancionadores de Bruselas por las ayudas públicas que se comunicarían en mayo de 2004, toma como edad para la prejubilaciones los 52 años. Los costes de la reestructuración calculados se elevaban a 1.330 millones, de los que 199 correspondían a la liquidación de balance y 1.131 a costes laborales. A su vez, se preveían unos ingresos de 27 millones por venta suelo.

Condición precaria

El equipo directivo de la SEPI, presidido por Ignacio Ruiz-Jarabo, justificaba el plan en la "creciente dificultad para mantener costes de producción competitivos en la rama civil", aunque en ningún caso contemplaba la segregación de ésta con la militar, que el PP había procedido a integrar tras llegar al Gobierno. También reconocía que "el mantenimiento de la actividad obliga a contratar, como mal menor ante la subactividad, en condición precaria de márgenes". La nueva Administración ha desvelado, posteriormente, que se llegó a comprometer contratos para seis gaseros con la firma estadounidense General Maritime con un coste de 64 millones por unidad.

Según el informe "una eventual reestructuración presentaba importantes dificultades debido a la presión del entorno socio político". Asimismo, recordaba la limitación impuesta por la UE para la construcción civil, "que impide una estrategia basada en el aumento de volumen, en el supuesto que hubiera mercado accesible". Y, sin embargo, "el mercado naval militar ofrece mejores oportunidades de márgenes".

Otros aspectos que, a juicio del plan, dificultaban la viabilidad de los astilleros eran "la excesiva dispersión de instalaciones industriales, que multiplican gastos fijos sin aportar ventajas". Las razones del cierre de Fene eran "sus limitaciones de construcción de buques civiles"; las de Sestao, "las limitaciones físicas para nueva generación de gaseros", y para Sevilla, "los condicionantes de manga unido a la estructura de plantilla inadecuada que obliga a un porcentaje de subcontratación difícilmente manejable con eficiencia".

Además, "las otras líneas de negocio (carenas, sistemas, propulsión y energía) aportan escaso o nulo margen de contribución por cuanto es posible trasladar, en escala menor, algunos de los males que afectan a la construcción naval". Y reconocía "la dispersión de instalaciones y el exceso de recursos que conlleva, conduce a mantener los mayores niveles de ocupación posible recurriendo a líneas de actividad con pocas perspectivas".