El PSPV pide reabrir 4 denuncias a Cartagena del fiscal anticorrupción
Los socialistas dicen que "faltó instrucción" antes del archivo por los jueces de Orihuela
El Grupo Socialista del Ayuntamiento de Orihuela ha iniciado los trámites para que se reabran cuatro de las cinco denuncias de la Fiscalía Anticorrupción contra el ex alcalde de la localidad y ex consejero de Obras Públicas, Luis Fernando Cartagena, archivadas por los jueces. La iniciativa de la Fiscalía sólo prosperó en un caso -apropiación de la donación de unas monjas- que ha supuesto una condena firme de cuatro años a Cartagena. Los socialistas, que basan su iniciativa en la "falta de instrucción" en los asuntos archivados, han decidido actuar por las dudas suscitadas en torno a la actuación de los jueces de Orihuela, a los que el Ayuntamiento paga el aparcamiento.
El fiscal anticorrupción denunció al ex alto cargo del PP por cobro ilegal de comisiones
La iniciativa de los socialistas oriolanos se produce a raíz de conocer la medida del alcalde de Orihuela, José Manuel Medina, del PP, de pagar el aparcamiento en un establecimiento privado a los jueces del partido. El PSPV ya ha trasladado el asunto a la Fiscalía General del Estado para que investigue, porque, "los pagos son una desviación ilegal de fondos públicos, según los propios servicios económicos municipales", según el portavoz del Grupo Socialista municipal, Francisco García Ortuño. El Ayuntamiento, mediante decretos de alcaldía, abona el pago de los aparcamientos desde abril de 2002.
Las cinco denuncias de la Fiscalía Anticorrupción contra el ex alcalde Luis Fernando Cartagena, del PP, que ocupó el cargo desde 1987 hasta 1997, se cursaron en 1999. El primer asunto era la supuesta apropiación de la donación que una congregación religiosas al Ayuntamiento. La segunda, tercera y cuarta denuncias se referían a supuestos cobros ilegales de comisiones a promotores; y la quinta, al pago de una cena electoral del PP con fondos municipales.
Los jueces de Orihuela acordaron el archivo provisional de cuatro de las cinco causas de la fiscalía. Sólo siguió adelante el procedimiento por supuesta apropiación indebida de la donación de las religiosas que finalmente ha supuesto una condena, ratificada por el Tribunal Supremo, de cuatro años de cárcel a Cartagena por malversación y falsificación. El ex alto cargo del PP ha solicitado el indulto. El Tribunal ya ha tramitado el expediente al Consejo de Ministros. El documento incluye un informe en contra del ministerio público y otro parcialmente favorable de la sala, la sección 7ª de la Audiencia de Alicante, con sede en Elche.
Francisco García Ortuño asegura que en abril de 2001, al mismo tiempo que los socialistas presentaban una querella por supuesto tráfico de influencias contra el sucesor de Cartagena en el cargo, denunciaron públicamente a través de los medios de comunicación la "falta de instrucción" de las denuncias de la Fiscalía Anticorrupción contra Cartagena. "Ahora, pensamos lo mismo, y a raíz de los últimos acontecimientos [el caso del aparcamiento de los jueces y el archivo de dos querellas al alcalde por un juez después de que el Ayuntamiento contratara a su hermana] solicitamos que se reabran esos cuatro sumarios", comenta Ortuño.
El portavoz del PSPV también anunció la petición de reapertura de la denuncia por supuesto delito ecológico y prevaricación que los socialistas presentaron en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en enero de 2002 contra el alcalde de Orihuela, el consejero de Obras Públicas y el entonces presidente del Consell, Eduardo Zaplana. La denuncia hacía referencia a la actividad de dos vertederos de basuras en Orihuela sin permisos. Las instalaciones son propiedad del industrial Ángel Fenoll, afín al PP, e igualmente condenado a un año de cárcel por el asunto de las monjas. El PSPV amplió la denuncia a Zaplana porque una hermana del actual portavoz del grupo parlamentario estuvo trabajando en la empresa de Fenoll. Según consta en el registro de la Seguridad Social, Carmen Zaplana Hernández Soro, hermana del ex titular del Consell, estuvo trabajando en la empresa Colsur, SL, entre el 4 de octubre de 1993 y 3 de 1996, fechas en las Fenoll tenía activos los vertederos. El TSJ acordó el archivo de la denuncia tras un informe en ese sentido de la Fiscalía.
El PSPV mantiene que el archivo del caso se produjo "sin practicar las necesarias diligencias, allí donde se produjeron los hechos, es decir, en Orihuela". "A la vista de que el TSJ resta importancia al pago de los aparcamientos a los jueces y el archivo de las querellas a Medina, a través de una prórroga de jurisdicción territorial reactivaremos el caso mediante una querella en el Tribunal Supremo", explica Ortuño. El dirigente socialista aseguró que se acogerán a esta fórmula jurídica para el resto de casos en los que está implicado el PP y que han sido archivados, "y a futuras demandas dada la notoria trascendencia de los asuntos".
