El pago del aparcamiento a los jueces no les obliga a abstenerse, según el TSJ

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, a través de una nota oficial remitida por su gabinete de comunicación, asegura que el pago del aparcamiento a los jueces de Orihuela no obliga a los magistrados a abstenerse de investigar los asuntos del PP. El alto tribunal califica de "temeraria y maliciosa" la tesis del PSPV de que un juez de Orihuela que archivó dos querellas al alcalde, José Manuel Medina, del PP, también debió abstenerse porque su hermana había sido contratada en el Ayuntamiento.

Respecto al caso del aparcamiento, la nota del TSJ afirma: "El Ayuntamiento de Orihuela facilita a jueces, fiscales y secretarios judiciales unas plazas de aparcamiento próximas al edificio de los juzgados para uso oficial, no particular ni privado". [El Ayuntamiento, según el área económica del Consistorio, paga ocho plazas en un aparcamiento privado desde abril de 2002, cuyo coste asciende a 54.000 euros].

El TSJ precisa que "el pago del aparcamiento lo realiza la Corporación Municipal, no un partido político". Sin embargo, la medida es una iniciativa particular del alcalde, que asume los pagos mediante decretos de la alcaldía. Medina declinó en agosto explicar en el pleno la iniciativa.

Para el TSJ, "los jueces de Orihuela no tienen que abstenerse de investigar los asuntos ni del PP, ni de ningún partido político por el simple hecho de que se le facilite, como ocurre en todos los partidos judiciales un lugar de aparcamiento. De ser así, los jueces de Valencia deberían abstenerse en los pleitos que se planteen contra la Generalitat, que es propietaria de los edificios judiciales y la que afronta el pago del personal que trabaja en los juzgados y tribunales".

La nota del TSJ defiende la conducta del ex titular del juzgado número de Orihuela, José Manuel Galiana Serrano, que archivó dos asuntos por supuesto tráfico de influencias y soborno al alcalde, después de que el Ayuntamiento contratara a su hermana. El TSJ destaca que los archivos se produjeron a petición del fiscal y fueron ratificados por la Audiencia de Alicante. "Cuando se indica que el juez sustituto debió abstenerse se está afirmando maliciosamente que existió un tráfico de favores, cosa que es tremendamente temeraria".