Argentina discute con las empresas españolas la Ley de Servicios Públicos

El Gobierno de Argentina ha emitido una señal conciliadora hacia las empresas españolas con inversiones en aquel país tras casi tres años de distanciamiento. Una misión de alto nivel enviada por el ministro de Planificación e Infraestructura, Julio de Vido, brazo derecho del presidente Néstor Kirchner, se encuentra en Madrid para reunirse a partir de mañana con los máximos responsables de las empresas de servicios públicos con intereses en Argentina. La delegación escuchará las posiciones de las compañías españolas frente a la nueva Ley de Servicios Públicos.

El viaje tiene un propósito muy concreto: escuchar en vivo y en directo las críticas al proyecto de ley de Régimen Nacional de Servicios Públicos, que el Gobierno de Kirchner ha enviado al Congreso y que ha sentado muy mal entre las empresas privatizadas de capital español y de otros países de la Unión Europea.

La misión, preparada con sigilo, ha costado sudor y lágrimas. Se suspendió en tres ocasiones en el último momento por falta de acuerdo en las esferas de poder sobre la conveniencia del viaje. "La semana pasada parecía que no estaban dispuestos a negociar nada", señala una fuente gubernamental, que admite que este viaje es "para sentarse a negociar", con una precisión: el Gobierno argentino y las empresas españolas "están hoy lejísimos, en las antípodas".

Encabeza la delegación el arquitecto José María Caula, principal asesor del ministro De Vido, junto a Carlos Lisandro, de la Unidad de Renegociación y Análisis de los contratos de servicios públicos, y Efraín Quevedo Mendoza, principal redactor del controvertido proyecto de ley.

Reuniones en Madrid

Bajo el paraguas de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la misión argentina se reunirá en Madrid con los directivos de Repsol, Telefónica, Endesa, Gas Natural y La Caixa, entre otras empresas. Las fuentes consultadas advierten de que los interlocutores argentinos tomarán buena nota de las críticas a la ley, aunque defenderán el texto. De ello se encargará el abogado Quevedo.

La batalla se prevé dura. Las empresas, por una parte, y los gobiernos de la UE, por otra, presionan con fuerza contra una ley que, en su opinión, va en contra de los acuerdos bilaterales de protección de inversiones. Especial rechazo genera el artículo que prohíbe recurrir a tribunales de justicia o de arbitraje internacionales a la hora de dilucidar conflictos. El actual embajador de la UE en Argentina, el holandés Robert van Houtum, expresó la semana pasada las quejas de varios gobiernos europeos ante el ministro de Economía, Roberto Lavagna.

De momento, el proyecto de ley está en la Cámara de Diputados, donde la discusión avanza a ritmo lento. El texto, según coinciden varias fuentes, refleja el pensamiento del presidente Kirchner, que estampó su firma junto a la del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y los ministros de Planificación y de Economía. Este último ha expresado en alguna ocasión su discrepancia con ciertos apartados.

Desde el fin de la convertibilidad entre el peso y el dólar, que conllevó una drástica devaluación de la moneda argentina, en enero de 2002, las tarifas de las empresas privatizadas de servicios públicos quedaron casi congeladas. El diálogo con el Gobierno provisional de Eduardo Duhalde, primero, y con el del electo Néstor Kirchner, después, brilló por su ausencia. Desde la sede presidencial reiteraban que la prioridad era atender la grave crisis social y económica de Argentina. Desde el primer día, el actual Gobierno dejó claro que el diálogo con las empresas no era su mayor preocupación. En los escasos contactos que hubo saltaron chispas. Basta recordar la frase ("Nos ha puesto a parir") que pronunció el presidente de la CEOE, José María Cuevas, a la salida de la reunión que mantuvo Kirchner, en su primer viaje a Madrid, con una nutrida representación empresarial española.

El estado de ánimo entre las empresas de servicios públicos no es homogéneo. El malhumor es ostensible en las eléctricas (Endesa), cuyas tarifas apenas se han visto modificadas desde la devaluación, y ahora en Repsol, que tiene que pagar el 45% de lo que ingresa en concepto de retenciones a la exportación. La petrolera española reclama ahora una subida del precio del combustible. Las compañías telefónicas son las que menos quejas expresan en público, lo que se explica, en parte, por los aumentos de tarifas que ha habido en la telefonía celular.