Interior apoya el cierre de los 5.000 minipolvorines para evitar otro 11-M

El Ministerio del Interior ha mostrado su acuerdo con la propuesta del sector de la minería y los fabricantes de explosivos de cerrar los más de 5.000 minipolvorines existentes a fin de evitar robos de dinamita como el que facilitó los atentados del 11-M. La propuesta supondría un cambio en el sistema español de reparto y consumo de explosivos y facilitaría la custodia y seguimiento por parte de la Guardia Civil.

La propuesta de cerrar los minipolvorines, que Interior ve "con interés", partió de la Confederación Nacional de Empresarios de Minería y Metalurgia (Confedem), reacia a tener que aumentar la seguridad privada para incrementar la vigilancia de los minipolvorines, ya que dispararía sus gastos. La patronal envió cartas a los ministerios del Interior y de Industria para pedir sendas reuniones.

En esas citas pretendían explicar en su plenitud la llamada Operación Lechera: el reparto a la carta de los explosivos a las industrias extractivas desde los búnkeres de seguridad de los fabricantes de explosivos. En cada viaje se entregaría a cada explotación la cantidad exacta requerida para la voladura y, en la ruta de regreso, se recogería el material que sobrara.

Fuentes del Ministerio del Interior confirmaron ayer la existencia de esta propuesta que, explicaron, se va a tratar "con mucho interés", ya que el objetivo del departamento es "controlar y asegurar el consumo y el uso de explosivos en las industrias mineras". Los estudios de la Guardia Civil avalan que los minipolvorines son especialmente vulnerables a un robo, ya que están repartidos por el campo, cerca de la bocamina, prácticamente sin vigilancia, en lugares aislados, sin sistemas electrónicos de seguridad y cerrados sólo con una puerta blindada y un candado.

Las fuentes consultadas de Interior han explicado que se van a hacer gestiones "lo más rápido posible" para poder reunirse con los empresarios y conocer todos los detalles de la Operación Lechera. El encuentro podría ser la base para la reforma del reglamento de explosivos, que ya se encuentra en marcha y que afecta a varios ministerios.

Interior tiene encomendadas las labores de seguridad y también la intervención de explosivos (localización, transporte y consumo) a través de la Guardia Civil. Pero lo relacionado con la actividad extractiva es competencia del Ministerio de Industria. Además, en el caso de que finalmente se decida penar con cárcel a quienes no sean fieles en la custodia de los explosivos o actúen con negligencia, ésta sería una tarea del Ministerio de Justicia.

El departamento de José Antonio Alonso se ha mostrado dispuesto a colaborar "si es necesario" con Justicia para impulsar la reforma del Código Penal para llevar a prisión a quienes permitan el robo o la sisa de explosivos. La base para toda la reforma es una orden ministerial de Presidencia del Gobierno, del pasado 21 de julio, en la que se introducen "requisitos muy severos" para aumentar el control del almacenamiento, transporte y consumo de explosivos en las minas.

La Guardia Civil apoya la propuesta, ya que facilitaría su labor de inspección y reduciría los efectivos destinados a seguir la traza de los explosivos.