Miles de funcionarios protestan contra las reformas en Colombia

Miles de maestros, jueces y empleados marcharon en tarde del pasado martes en toda Colombia durante la llamada Jornada Nacional de Protesta para expresar su rechazo a la política económica del Gobierno del presidente Álvaro Uribe. Los manifestantes protestaban también contra los cada vez más alarmantes índices de pobreza, el cierre de 17 hospitales en todo el país y contra el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

Como telón de fondo de la protesta se sitúa el rechazo a una eventual reelección del presidente Uribe para un nuevo mandato. "La reelección de Uribe también fracasará", se leía en una de las pancartas que portaban los manifestantes.

Aunque las cifras son disímiles y oscilan entre los 30.000 y los 100.000 asistentes, todos los observadores coinciden en asegurar que la protesta que llenó la plaza de Bolívar de la capital colombiana fue una de las más concurridas de los últimos años.

Según Julio Gómez, de la Confederación General del Trabajo, "la altísima tasa de desempleo, el empobrecimiento del campesinado y la reelección" fueron el motor que hicieron marchar juntos a centrales obreras, partidos de oposición y organizaciones sociales.

Las arengas iban dirigidas contra el neoliberalismo y el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, la reforma tributaria -que se halla en trámite en el Congreso y que plantea imponer el IVA a productos básicos, mientras parece ser más benévola con los flujos de capitales-.

La reforma de las pensiones, que también se tramita actualmente, es otro punto de debate. Busca, entre otros objetivos, acabar con los regímenes especiales que regulan en distinta proporción las jubilaciones de maestros, congresistas, militares y miembros de las altas instancias judiciales. Estas pensiones se llevan el 75% del presupuesto. Así, mientras la mayoría de los pensionistas recibe poco más de 100 dólares (unos 85 euros) mensuales, los congresistas y miembros de la judicatura retirados reciben, en muchos casos, más de seis mil dólares al mes.

La idea del Gobierno de poner un tope máximo para las pensiones y sueldos oficiales -que se situaría en 25 veces el importe del salario mínimo- fracasó al ser rechazada por los votantes en un referéndum. Una reciente encuesta indica que la popularidad del presidente Uribe cayó desde el 78% en agosto a un 72% en septiembre. En los dos primeros años el Gobierno enfiló sus baterías hacia la seguridad. Ahora, en la mitad de su mandato, cambió su discurso a lo social. Pero todavía falta por ver resultados. Lo cierto es que el malestar social ya ha empezado a aflorar en Colombia, un país de 44 millones de habitantes, de los que un 60% vive por debajo de la línea de pobreza, y donde el desempleo llega al 13%, pese al repunte de los índices económicos. Las injusticia social llega en Colombia a niveles intolerables.