Bruselas lleva a Alemania a los tribunales por la especial 'acción de oro' en Volkswagen

La Comisión Europea anunció ayer su decisión de denunciar a Alemania ante el Tribunal de la UE porque la denominada ley volkswagen concede a las autoridades públicas alemanas unas condiciones contrarias al derecho comunitario a la hora de controlar las decisiones del consejo de administración de ese grupo automovilístico. La ley, que data de 1960 y Berlín se niega a modificar, impide que ningún accionista pueda tener más del 20% de los derechos de voto en el consejo, aunque posea acciones por encima de ese porcentaje. La misma ley concede al Estado federal y al land de Baja Sajonia unos derechos específicos en la compañía.

Este contencioso, especialmente sensible en Berlín, constituye una de las batallas más duras de la Comisión para poner fin a la acción de oro existente en varios países, entre ellos España, para que las autoridades públicas puedan controlar buena parte de las decisiones estratégicas de importantes empresas privatizadas.

En el caso de Volkswagen, el Estado federal alemán y el de Baja Sajonia llegaron a un acuerdo en 1959 que sirvió de base para aprobar un año después una ley con los siguientes principios: mientras sean accionistas, los dos protagonistas tendrán derecho a tener dos representantes cada uno en el consejo (integrado por 20 personas) con independencia de las acciones que tengan; ningún accionista, con independencia del capital que posea, podrá tener más del 20% de los derechos de voto; toda decisión estratégica de la compañía deberá contar con el apoyo de al menos el 80% de los votos representados, con lo que las autoridades públicas, que siempre han tenido cerca del 20% de las acciones, detentan un verdadero derecho de veto.

Semejantes condiciones, según Bruselas, "constituyen una violación de las reglas del Tratado relativas a la libre circulación de capitales" y a la libertad de establecimiento, porque la inversión en Volkswagen se convierte "en menos atractiva para otros inversores de la UE" a la hora de plantearse la hipótesis de participar en la gestión de la empresa o de intentar controlar la sociedad.

Bruselas ya exigió reiteradamente a Berlín, desde hace año y medio, que cambiara su legislación, pero Berlín respondió oficialmente en marzo pasado que no pensaba hacerlo, una vez fracasadas las negociaciones al respecto entre el Gobierno federal y el de Baja Sajonia, el Estado del que procede el actual canciller, Gerhard Schröder. El Tribunal de la UE ya ha dictado sentencias contrarias a los Estados sobre casos similares en Francia, Bélgica, Portugal o España.

En 1960, cuando se aprobó la ley denunciada, el Estado federal alemán y el land de Baja Sajonia decidieron tutelar y controlar el proceso de privatización de la compañía. Ambos se quedaron con el 20% y con cuatro consejeros. Después, el Estado federal se desprendió de su parte y el de Baja Sajonia mantiene el 20% y posee de hecho ese poder de veto en la compañía.

El Gobierno alemán lamentó la decisión porque, a su juicio, la ley alemana y el derecho comunitario no están en contradicción. Para el comisario de Mercado Interior, Frits Bolkestein, no hay duda y por eso ha mantenido el pulso con Berlín hasta sus últimas consecuencias, pese a tratarse de uno de los contenciosos que más dolores de cabeza le ha dado.

Requerimientos

Bruselas lanzó también ayer 18 escritos de requerimiento contra otros tantos Estados de la Unión, entre ellos España, a los que ha exigido que trasladen a sus legislaciones las normas sobre la liberalización de los mercados del gas y la electricidad.

Desde el 1 de julio, como recordó Loyola de Palacio, está ya vigente la norma por la que los clientes industriales (dentro de tres años, también los particulares) pueden elegir suministrador. En el caso de España, se trata de que el Gobierno aún no ha notificado formalmente la nueva legislación. De Palacio también anunció otras dos iniciativas contra España: un dictamen por no aplicar a rajatabla las normas sobre dimensiones y pesos de grandes vehículos, y un próximo procedimiento de infracción por no trasladar la norma sobre liberalización del transporte ferroviario.