El PSOE pide que se endurezcan los requisitos ambientales para abrir negocios

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Madrid va a presentar 11 enmiendas a la nueva Ordenanza sobre Evaluación Ambiental de Actividades, que debe ser aprobada en el pleno municipal de este mes, porque considera que la futura normativa no es suficientemente dura. Según explicó el portavoz socialista de Medio Ambiente, Pedro Santín, la nueva ordenanza -cuyo objetivo será controlar que la implantación de establecimientos y actividades no cause daños medioambientales ni riesgos para la salud de los madrileños- "es un buen instrumento para hacer que los locales cumplan las normas", pero, añadió, también es "manifiestamente mejorable".

Por ello, el PSOE ha presentado un total de 11 alegaciones a la nueva normativa que, entre otras cosas, establece que cualquier solicitud de licencia para instalaciones potencialmente nocivas deberá ir acompañada de un informe ambiental detallado que elimine o minimice los impactos negativos.

Además, los titulares de negocios que incumplan la normativa y provoquen daños al entorno podrán ser sancionados con hasta 2,4 millones de multa o incluso la clausura del local. El PSOE, en sus alegaciones, propone que, frente al texto en el que el PP establece que deberán someterse a evaluación de impacto los proyectos que incrementen las emisiones a la atmósfera, produzcan vertidos de aguas residuales o aumenten la generación de residuos, la ley amplíe el sometimiento a estudio a "todas las actividades que incrementen los ruidos o vibraciones en las viviendas colindantes, así como las que puedan producir contaminación térmica o radiactiva".

Vertidos

Por otro lado, los socialistas quieren que el gobierno local, del PP, considere como "muy graves" las faltas que en su normativa aparecen como "graves", y éstas son "el vertido de [elementos] sólidos, líquidos, gases o ruidos que pongan en peligro la salud humana y los recursos naturales". Mientras el equipo de gobierno municipal considera que estas actuaciones merecerían una sanción de entre 60.000 y 240.405 euros, la oposición entiende que debería ser de entre 240.406 y 2.404.050 euros.

También reclama el PSOE que se introduzca en la ordenanza un artículo por el que los locales "que incumplan resoluciones de cierre o suspensión" no puedan obtener nuevas licencias para actividades similares durante un periodo de cinco años. Por último, reclama que quienes infrinjan la normativa municipal, además de pagar la multa, indemnicen por daños y perjuicios a las administraciones o particulares afectados.

Para Santín, en Madrid "sigue existiendo una fuerte impunidad medioambiental con la que hay que terminar". "Esperamos que la nueva ordenanza, mejorada con las alegaciones, ayude a que los propietarios de industrias y establecimientos entiendan que generar residuos, hacer ruidos excesivos o contaminar tiene un coste proporcional al daño que provocan".

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0012, 12 de octubre de 2004.