El fiscal pide cárcel para un ex consejero del Gobierno regional

La Fiscalía de Madrid solicita tres años de cárcel para el ex consejero socialista (entre 1983 y 1995) en la Comunidad de Madrid Virgilio Cano de Lope, quien supuestamente pidió dinero hace cuatro años a la dueña de un antiguo prostíbulo de Madrid -el club Brisas- a cambio de agilizarle una licencia municipal. Cano, de 49 años, tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados por una presunta estafa de unos 19.000 euros. El fiscal exonera de culpa al ex concejal Fernando Sánchez, también del PSOE, y a un funcionario del distrito de Latina, José Rodríguez.

Cano y Sánchez fueron suspendidos de militancia por el PSOE en abril de 2001 a petición de ambos y para no dañar al partido mientras se desarrollaban las pesquisas. Sánchez indicó ayer que hoy mismo pedirá el alta en el partido y recordó que siempre ha proclamado su "total inocencia". Lamentó también que la justicia haya tardado "tres años y ocho meses" en darle la razón. La investigación judicial se está desarrollando en el Juzgado de Instrucción número 21.

El relato de hechos que hace el fiscal sobre esta presunta estafa es el siguiente: "So pretexto de sus grandes influencias en el Ayuntamiento de Madrid", Cano contactó en 2000 "con Pilar Plaza", copropietaria de Movimiento Latino, SL. Esta sociedad "había adquirido en arrendamiento un edificio situado en la calle de Carpesa de Madrid y pretendía habilitarlo como negocio hostelero

[finalmente se instaló un prostíbulo], pero para ello necesitaba la oportuna licencia de obras e instalación de actividades de la Junta del distrito de Latina.

"Para su obtención", relata el fiscal, "el acusado indicó a Pilar Plaza la necesidad de satisfacerle un total de seis millones de pesetas (36.000 euros)". Ambos acordaron que el dinero se pagase de forma fraccionada. Primero dos millones, luego otros dos, más tarde otro millón y finalmente otro, hasta completar seis. Para las distintas entregas, siempre según el fiscal, se pactaron encuentros en el restaurante Río Frío, junto a la plaza de la Villa, que se produjeron supuestamente entre mayo de 2000 y febrero de 2001.

Según el fiscal, llegaron a hacerse "cuatro pagos de 3.000 euros (500.000 pesetas) cada uno, otro de 185.000 pesetas, otro de 215.000 pesetas y otro de 500.000 a través de un talón bancario".

Para que Pilar Plaza viese que efectivamente se estaban haciendo gestiones para lograr la licencia, Cano le entregó fotocopias de documentos de la Junta Municipal de Latina en los que se daba cuenta de tales gestiones, pero que en realidad "eran falsas", según el fiscal.

En su escrito, el ministerio público pide que se sobresea la causa en lo que respecta al ex edil socialista Fernando Sánchez y el funcionario de la Junta de Latina José Rodríguez. El local fue clausurado por el Ayuntamiento posteriormente al carecer de licencia.

El juez tramitó inicialmente la denuncia de Plaza como cohecho, si bien ha acabado como una estafa sólo imputable a Cano. Este caso tuvo gran reper-cursión, ya que Cano fue consejero primero de Gobernación y luego de Cooperación en el Gobierno socialista de Joaquín Leguina. Fuentes del PSOE han indicado que Cano se halla de baja en el partido y que ahora no ocupa "ningún cargo ni orgánico ni institucional". Fue él mismo quien pidió el cese.

Prueba caligráfica

Pilar Plaza, dueña del club Brisas, señaló inicialmente que Cano le había comentado que el dinero que le diese era para el entonces concejal de la Junta de Latina, Antonio Moreno, del PP, y para Fernando Sánchez, del PSOE. Moreno lo negó tajantemente e incluso salió en defensa de Sánchez: "Si alguien ha pedido dinero para mí, no ha sido el edil denunciado, Fernando Sánchez, eso que quede bien claro", subrayó. Sánchez agregó ayer que su abogado le había comentado que Plaza admitió en su declaración ante el juzgado que él no tenía nada que ver con el asunto y que ni siquiera le conocía.

Este periódico ha intentado, sin éxito, recabar la opinión de Cano. En su día aseguró que no conocía "de nada" a Plaza y que nunca había estado en el local Brisas, que es donde, según Plaza, Cano le pidió el dinero por sus gestiones para obtener la licencia para el local.

"Se habla de que existe una transferencia bancaria: eso es fácil de demostrar. Lo que pido es que se investigue, porque no hay ninguna prueba. Lo único que aporta esta señora es una servilleta en la que figura mi nombre, escrito con B, y mi teléfono; eso es todo. Es muy fácil, con peritos caligráficos, demostrar que no es mi letra", afirmó entonces el ex consejero. Sánchez dijo ayer que ignora si el juzgado ha efectuado una prueba caligráfica para cotejar la letra de la servilleta.