¿Quién los atiende?

A los mayores dependientes, que son cada vez más, sigue atendiéndolos la familia, pero muy particularmente las mujeres, lo que afecta a sus expectativas laborales. Un estudio del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales concreta el alcance de ese fenómeno social y aporta datos que habrán de ser tenidos en cuenta a la hora de plasmar en la legislación el compromiso electoral del PSOE de creación de un Sistema Nacional de Atención a Personas Dependientes.

A comienzos de siglo había en España una persona de más de 65 años por cada 20 habitantes; en 1992, una por cada 10; ahora, una por cada seis habitantes. Son 7,2 millones, y serán casi trece millones a mitad de siglo. Desde hace tiempo existen estudios sobre los efectos que la nueva estructura demográfica tendrá sobre las pensiones y otras prestaciones sociales, sometidas a un creciente desequilibrio entre número de cotizantes y de perceptores. Pero hay otras dimensiones de esa situación, como la necesidad de atención a cada vez más personas dependientes por parte de cada vez menos hijos. O hijas. Hay 1,6 millones de hogares en los que vive al menos un mayor dependiente. En el 83% de los casos en que la atención es asumida por la familia corre a cargo de mujeres.

Esa tarea se prolonga hasta una edad cada vez más avanzada: la media entre las personas que atienden a padres dependientes está ya en 53 años. El 62% de ellas dice que esa responsabilidad familiar afecta a su trabajo profesional. Muchas no se plantean buscar trabajo; otras lo han tenido que abandonar. Y las que conservan el empleo se ven sometidas a doble jornada de trabajo, lo que afecta a su bienestar y salud.

Sólo el 3% de los mayores dependientes recibe cuidados de los servicios sociales. España destina a ayudas familiares el 0,5% del PIB, frente a una media del 2,2% en la UE de los Quince. La ley de protección a personas dependientes fue tal vez la principal promesa electoral de Zapatero en materia de bienestar social. Un comité de expertos había aconsejado ya al anterior Gobierno la implantación por ley de un seguro público para garantizar esa asistencia, que se financiaría con cotizaciones de trabajadores y empresarios y aportaciones del Estado. Si se concreta -y debiera concretarse cuanto antes- , será una de esas iniciativas que a la vez que resuelven una necesidad social, liberan las fuerzas -mano de obra femenina- que contribuirán a financiarla a largo plazo.