Aún no hay aprobado

España ya no vive en el subdesarrollo ecológico, pero aún queda lejos del aprobado general. Ésta es una de las principales conclusiones que se desprenden de la última evaluación medioambiental de la OCDE sobre nuestro país. El examen, cuya principal virtud radica en alejarse del tremendismo al que tan acostumbrados nos tiene el debate ecológico español, muestra que, en una nación donde la construcción y el turismo actúan como turbinas económicas, la gestión ecológica ha logrado en los últimos años ciertos avances nada despreciables. Entre estos activos figuran la disociación del crecimiento económico de algunas de las presiones más graves sobre el medio ambiente (por ejemplo, las emisiones de dióxido de azufre de industrias energéticas), la mejora en el desarrollo de infraestructuras claves (como el tratamiento de aguas residuales) y una legislación que, impulsada por los vientos europeos, ha dado un salto sin precedentes.

Pero el informe destapa algunas alarmantes deficiencias de fondo. Se suman por decenas los indicadores que merecen un rotundo suspenso: el aumento de emisiones de gases de efecto invernadero, el abuso en la extracción del agua o la falta de creatividad política para enfrentarse a los retos ambientales. Así ocurre con el problema básico del gasto medioambiental, bajo en comparación con otros países. En este apartado, los expertos de la OCDE alertan de la excesiva dependencia que aún existe de las ayudas y las transferencias públicas, frente a las posibilidades que ofrecen las ecotasas y otros instrumentos financieros que en España aún generan miedo por sus posibles impactos en la competitividad y el empleo. Y otro aspecto que obliga a la reflexión son las escasas sanciones penales y condenas de cárcel que acarrea el incumplimiento de la normativa medioambiental. Un elemento especialmente preocupante en un país con una creciente producción legislativa en este terreno. Y junto a la falta de voluntad política, a veces sobra otra tanta. Es el caso del polémico trasvase del Ebro promovido por el anterior Gobierno. La OCDE pulveriza su justificación económica con un simple cálculo de costes-beneficios.