El Tribunal de Cuentas se divide a causa del informe exculpatorio sobre Urnieta

Tres consejeros consideran que las graves irregularidades exigían una valoración negativa

Nunca en los 16 años de historia del Tribunal Vasco de Cuentas (TVCP) un informe de fiscalización había provocado un cisma tan profundo entre los miembros de esta institución pública. Ha sido la auditoría del Ayuntamiento de Urnieta la causa de que tres de los siete consejeros del tribunal hayan hecho constar mediante un voto particular su más absoluta discrepancia con las conclusiones del informe aprobado. La mayoría del TVCP resuelve que Urnieta cumplió "razonablemente" la legalidad en el ejercicio 2001, aunque el informe detalla numerosas irregularidades.

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El informe fiscalizador del Ayuntamiento de Urnieta y sus sociedades públicas -Kulturnieta, Urnieta Eraiki y Urnietatel- ha conseguido lo que no provocaron otras auditorías más delicadas y conflictivas, como las que se realizaron al Guggeheim o al Consorcio de Aguas de Vizcaya (se aprobó con el voto particular de dos consejeros). Con casi dos años de tardanza, el pleno del Tribunal de Cuentas (TVCP) aprobó la semana pasada e hizo ayer público el informe sobre las cuentas públicas de Urnieta del año 2001. La inspección al ayuntamiento, gobernado por el PNV, se puso en marcha en junio de 2002 por iniciativa del grupo parlamentario socialista, que exigió una auditoría pública tras observar sospechas de numerosas y notables irregularidades en la gestión municipal.

El trabajo fiscalizador resuelve que el Ayuntamiento de Urnieta ha cumplido "razonablemente" la legalidad, pero a renglón seguido enumera "algunas excepciones", como la realización de gastos sin consignación presupuestaria, contratos sin tramitar expedientes o la firma de un convenio urbanístico sin hacer constar informes periciales. El tribunal también exculpa a la sociedad Kulturnieta pese a encontrar tres contratos ilegales. En cambio, no emite opinión alguna sobre las empresas municipales Urnieta Eraiki (gestora de suelo) y Urnietatel (de telecomunicaciones), cuya gestión anómala había llevado a solicitar la auditoría pública, "debido a la falta de información disponible e incertidumbre sobre la situación" de ambas.

Estas calificaciones han desatado una profunda división en el seno del TVCP. Tres de los siete consejeros no comparten el dictamen final, como se pone de manifiesto en un voto particular incorporado al informe. Consideran que éste "no realiza una apreciación conjunta de los incumplimientos de legalidad detectados en la gestión de las sociedades públicas, lo que obligaría a formular una opinión negativa".

Irregularidades de bulto

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Los consejeros discrepantes consideran que el trabajo de fiscalización ha pasado por alto irregularidades de bulto cometidas por los responsables de Kulturnieta, Urnieta Eraiki y Urnietatel. En su voto particular las citan una por una. Y sostienen que el tribunal no puede emitir "una opinión objetiva e independiente" sin haber valorado antes estos incumplimientos.

Además de poner el énfasis en la existencia de contratos irregulares en dichas sociedades públicas, en el hecho de que no estén aprobadas las cuentas anuales de Urnietatel o en las dudas sobre las operaciones de venta y recompra de las acciones de la telefónica local, los tres consejeros manifiestan que la Comisión Técnica de Auditores del tribunal, dada "la importancia de las incertidumbres que se observaban en las operaciones urbanísticas" de Urnieta Eraiki, "propuso emitir una opinión negativa" sobre la legalidad de la gestión municipal, circunstancia que, "sin mayor explicación, no ha sido tenida en cuenta en este informe".

El voto particular pone de manifiesto que "el informe recoge como meras salvedades contables cuestiones que suponen verdaderos incumplimientos de legalidad", como la falta de registros contables o la ausencia de documentación justificativa de algunas operaciones.

En su discrepancia, señalan que el TVCP "no ha considerado en absoluto" la fiscalización que sobre el mismo periodo realizó, en 2002 y a instancias del propio ayuntamiento, una auditoria privada. Este informe concluyó que Urnieta "no desarrolla [en 2001] su actividad de acuerdo con la legalidad vigente en materia de contratación de obras, compras y servicios". El análisis y utilización por parte del TVCP de las conclusiones emitidas por auditores externos "es norma obligada y práctica habitual", algo que "sorprendentemente no se ha llevado a cabo en este trabajo", recuerdan los consejeros descontentos con el informe oficial. Por ello, insisten en que el tribunal "debería haber manifestado que el Ayuntamiento de Urnieta incumple de forma grave la normativa legal".

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