Los socialistas llevarán el caso ante la Fiscalía

El Tribunal de Cuentas considera que el Ayuntamiento de Urnieta cumplió "razonablemente" la legalidad en 2001, pese a que en su labor fiscalizadora ha encontrado gastos sin consignación presupuestaria por 33.000 euros, contratos por 280.000 euros sin tramitación de expediente y una prórroga indebida de un contrato por 127.000 euros. El informe señala que en un convenio urbanístico que conlleva la cesión onerosa de una finca en pago del aprovechamiento urbanístico, no consta informe pericial que evalúe el valor de la finca recibida ni el informe preceptivo del secretario-interventor.

En relación a la sociedad Kulturnieta, emite también una opinión positiva, pero señala el incumplimiento de los principios de publicidad y concurrencia en tres contratos que han supuesto un gasto de 309.000 euros, e informa de una incompatibilidad incurrida en 2001 por el gerente del Centro Cultural Sarobe.

Sobre la sociedad Urnieta Eraiki incluye el incumplimiento en cinco adjudicaciones que han supuesto un gasto de 397.000 euros. Y de Urnietatel, vendida posteriormente a Euskaltel por su situación ruinosa, el TVCP indica que la falta de documentación de las operaciones realizadas y de registros contables impide dar una opinión sobre sus cuentas anuales. En el informe se especifica que faltan las declaraciones de IVA, libros mayores de contabilidad, inventarios valorados y facturas por 855.000 euros emitidas por la operadora telefónica municipal.

Con todo, el Ayuntamiento de Urnieta considera que el informe del TVCP "deja meridianamente claro los buenos resultados de una gestión tendente a paliar los errores detectados en la auditoría externa" que solicitó el actual alcalde, el peneuvista Florentino Ugalde.

Por otra parte, la parlamentaria Gemma Zabaleta y la edil de Urnieta Maite Pagazaurtundua, ambas del PSE, anunciaron ayer que pondrán el informe en manos de la Fiscalía y pedirán la comparecencia en la Cámara de la presidenta del tribunal, Asunción Macho, y de los miembros del mismo que han firmado el voto particular, informa Isabel C. Martínez. Pagazaurtundua denunció la existencia de una "trama" económica y urbanística entre los responsables del Ayuntamiento de Urnieta y empresarios privados.

Según los datos de que dispone la edil socialista, empresarios privados inyectaron capital en las sociedades públicas a cambio de "favores urbanísticos". Por su parte, el parlamentario popular Borja Semper acusó al PNV de "utilizar políticamente" al tribunal y de "manipular sus informes en su favor".