El Gobierno no revisará la declaración de impacto ambiental del polémico parque eólico de Badaya

El Departamento de Medio Ambiente no revisará la declaración de impacto ambiental del proyecto de parque eólico de Badaya, cuestionado duramente por la diputación de Álava, que incluso ha interpuesto un recurso contencioso administrativo contra la decisión del Gobierno de permitir la construcción de la instalación.

La Diputación ha llegado hasta los tribunales después de nueve meses de enfrentamiento con el Ejecutivo de Vitoria, porque considera que se invaden competencias forales. Según el Ejecutivo foral que dirige Ramón Rabanera (PP), la declaración de impacto ambiental "no es rigurosa", debido, sobre todo, a que el paisaje se alterará de una manera muy importante con la instalación de 30 aerogeneradores de 100 metros de altura. Entiende que la envergadura de estos molinos alterará el relieve topográfico, serán visibles desde Vitoria y la zona de La Llanada y provocará contaminación acústica a un espacio natural y su entorno.

El viceconsejero del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno, Iñaki Ezkurra, replicó ayer que la declaración de impacto ambiental, competencia suya, "ha seguido un procedimiento riguroso" y apostilló que no existe ningún elemento que pueda promover su reconsideración. Por su parte, el consejero de Medio Ambiente, Sabin Intxaurraga, se mostró más lacónico y se limitó a señalar que el Plan Territorial Sectorial de Parques eólicos aprobado por el Gobierno preserva los lugares de mayor interés natural y que la sierra de Badaya era uno de los puntos donde se preveía instalar un parque para producir energía.

Una vez que la declaración de impacto ambiental fue favorable, el Departamento de Industria autorizó la construcción del parque. Eólicas de Euskadi, empresa dependiente en un 50% del Ente Vasco de la Energía (EVE), inició en verano las obras, a pesar de que la Diputación no le había concedido permiso para hacerlo. Según Eólicas, el visto bueno medioambiental al proyecto y los permisos concedidos por el Gobierno y por los pueblos propietarios de los montes son suficientes para iniciar la construcción.