La UE cambiará antes de 2014 su política de ayudas para reducir fondos a Turquía
Europa romperá la negociación si hay una "grave y persistente" violación de derechos humanos
La Unión Europea introducirá antes de 2014 drásticos cambios en los criterios para repartir las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) y los fondos de la Política Regional para evitar un enorme trasvase de recursos comunitarios hacia Turquía en detrimento de los demás socios. Así consta en uno de los tres informes que hoy publicará la Comisión sobre Turquía. El Ejecutivo comunitario aconseja abrir negociaciones de adhesión, pero plantea que se suspendan si Turquía incumple de forma "grave y persistente" uno de los cuatro requisitos políticos para entrar en la Unión.
En el informe -la Comisión difundirá otro sobre la situación actual en Turquía y un tercero sobre el impacto de su entrada en la Unión-, el Ejecutivo comunitario recomienda a los Veinticinco que inicien esas negociaciones, pero ni dice cuándo deben comenzar ni se marca un horizonte para concluirlas, pese a que algunos comisarios, a través de sus jefes de gabinete, presionaron el pasado lunes para que se incluyeran referencias explícitas.
Sí se deduce del documento que Turquía no estará en la Unión antes de 2014: la Comisión recomienda en su documento que ese año entre en vigor una drástica reforma de la PAC y de la Política Regional. Hoy, los presupuestos de la UE dedican más del 80% del dinero comunitario (casi 85.000 millones de euros) a ayudas para esas dos políticas basadas en la superficie agrícola y el número de agricultores, en un caso, y la renta por habitante, en el otro.
De mantenerse los criterios hoy vigentes, Turquía, con siete millones de agricultores (el 33% de mano de obra) y una renta por habitante equivalente al 28% de la UE actual, se llevaría un enorme trozo de ese pastel a costa de los demás. El comisario de Agricultura, el austriaco Franz Fischler, opuesto a la entrada de Turquía, destaca el elevado coste de esa adhesión: 11.300 millones de euros al año, más que lo dedicado a los diez países que se han incorporado a la Unión el pasado mayo.
En el caso de la Política Regional, todas las regiones turcas tendrían derecho al máximo nivel de ayudas (Objetivo 1) por tener una renta inferior al 75% de la media europea, por lo que la Comisión propone "mecanismos especiales" para compensar la consiguiente pérdida de fondos en el resto de países de la Unión. Bruselas calcula que la entrada de Turquía costará unos 28.000 millones de euros a la Unión a precios de 2004.
En cuanto a la cláusula de suspensión de negociaciones, inexistente hasta ahora, se aplicaría en caso de violación "grave y persistente", según el informe, de los requisitos políticos de Copenhague, así denominados por ser aprobados en una cumbre en esa ciudad en 1993: instituciones estables garantes de la democracia, primacía del derecho, derechos humanos y respeto de las minorías.
La Comisión advierte al respecto de que en el proceso de negociación se aplicará el principio de "tolerancia cero" en el terreno de las torturas o las libertades civiles y democráticas. La UE mantendrá una vigilancia permanente sobre Turquía para evaluar la situación y no cerrará ningún capítulo de negociación hasta verificar que, en efecto, cumple con los requisitos exigidos por Bruselas.
No son las únicas restricciones para el caso turco. El informe también recoge la posibilidad de que la UE deje en suspenso el sagrado principio de la libertad de movimiento de trabajadores en caso de grave riesgo de avalanchas migratorias de turcos hacia la Europa occidental.
El documento en el que se recogen estos condicionantes extraordinarios fue debatido el lunes en una larga reunión de los jefes de gabinete de los comisarios. En la discusión, según personas que han conocido su desarrollo, se pusieron sobre la mesa argumentos radicalmente diferentes. Así, los representantes de los comisarios Pascal Lamy (francés), Franz Fischler (austriaco) y Louis Michel (belga) fueron los más críticos y duros con Turquía.
El de Lamy planteó que, si llegaba a aplicarse la cláusula de suspensión de negociaciones, la UE lanzará de inmediato la posibilidad de suscribir con Turquía un acuerdo especial de vecindad, de asociación, en lugar de la adhesión. Es la fórmula defendida por los conservadores alemanes o por el también comisario Fritz Bolkestein (holandés).
En la reunión del lunes, también plantearon la opción de endurecer el documento los representantes de los comisarios Jacques Barrot (francés) y Loyola de Palacio (española). El jefe de gabinete del nuevo comisario chipriota, Markos Kyprianou, aludió a la necesidad de que, antes de abrir las negociaciones, se deje claro a Turquía que no puede mantener ocupada militarmente una amplia zona de un país, Chipre, que ya está en la UE desde el pasado 1 de mayo.
Bruselas propone cláusulas inéditas en otras ampliaciones
La Comisión Europea propone que en las negociaciones de adhesión entre Turquía y la UE se apliquen unas cláusulas inexistentes hasta ahora en las cinco oleadas de ampliación. El principio general es claro: hasta ahora, la apertura de negociaciones tenía como fin único y automático la entrada en la Unión. En el caso de Turquía, Bruselas prefiere dejar abierta la hipótesis de que las conversaciones puedan ser suspendidas sine die en caso de violación grave de derechos fundamentales. Los líderes europeos tendrán el 17 de diciembre la última palabra para abrir las negociaciones y bajo qué condiciones.
Las trabas más importantes que hoy propondrá Bruselas para Turquía y que no habían sido evocadas hasta ahora son dos. En primer lugar, esa cláusula de suspensión de negociaciones, una especie de freno de emergencia para casos de violación "grave y persistente" de los requisitos políticos exigidos a todo país candidato. En segundo lugar, la cláusula por la que pueda quedar también suspendido el sagrado principio de la libertad de movimiento y establecimiento de trabajadores en la UE.
La primera de esas cláusulas no había sido mencionada nunca y jamás fueron suspendidas las negociaciones con país alguno. Hoy se abre una nueva etapa, porque la Comisión también prevé anunciar que aplicará una cláusula similar a Croacia cuando este país, candidato desde junio, inicie las conversaciones. Bruselas informará hoy, asimismo, que existe una cláusula especial por la que puede retrasarse un año la entrada de Bulgaria y Rumania, prevista para enero de 2007, si subsisten los problemas para cerrar las negociaciones, sobre todo en el caso rumano.
El todavía presidente de la Comisión, Romano Prodi, negó ayer a Reuters que haya condiciones especiales para Turquía. "¿No hubo frenos de emergencia en las anteriores negociaciones? ¿Cree que no hubiéramos suspendido las negociaciones si alguno de los diez [que entraron en mayo] hubiera hecho algo contra los derechos humanos?". Pese a todo, no existía esa cláusula de suspensión.
La cláusula para suspender sine die el libre movimiento de trabajadores en caso de "dificultades extremas", es decir, ante el temor de avalanchas migratorias, tampoco ha sido enunciado nunca en estos términos. Sí han existido largos periodos transitorios de no aplicación de ese principio, pero con un límite fijado: siete años en el caso de España, el mismo impuesto ahora a los últimos diez países llegados al club.
Todos estos problemas pueden ser mínimos a la larga si cunde el ejemplo de Francia, cuyo Gobierno ha anunciado que celebrará un referéndum sobre la adhesión de Turquía. El próximo presidente de la Comisión, José Manuel Durão Barroso, y el de la Eurocámara, José Borrell, se han mostrado partidarios de estas consultas populares.
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