Vivienda y fraude fiscal

Hasta el momento el Gobierno del señor Zapatero ha abordado una serie de medidas que se podrían situar en el ámbito de las relaciones internacionales y de una cultura social más progresista y laica. Sin embargo, en la vertiente económica, la actuación ha sido mucho más timorata. Es de agradecer que se presenten unos presupuestos que acentúan el gasto social, pero se echa en falta una acción más decidida sobre ciertos aspectos.

Uno de ellos sería el problema de la vivienda. Sigue la escalada de precios y no se han tomado medidas efectivas. El endeudamiento de las familias es cada día mayor y más duradero. Esto significa el sacrificio de muchos en beneficio de unos pocos. Condiciona, además, el consumo futuro -imaginemos las consecuencias de una subida de tipos- y por ende el crecimiento de nuestra economía. Otro aspecto que se ha soslayado es el desarrollo de medidas sobre el enorme fraude fiscal que opera en España. La Hacienda Pública históricamente sólo ha controlado a los asalariados. ¿Por qué no fija su atención en los signos externos, por qué no contrasta, por ejemplo, las inversiones en inmuebles de empresarios, profesionales y autónomos con sus declaraciones de la renta, por qué no se inspeccionan los impuestos declarados por las personas físicas y jurídicas que matriculan automóviles de alta gama? Se encontrarían contradicciones mayúsculas.

Sobre el fraude fiscal hay un dato esclarecedor; en España los poco familiares billetes de 500 euros son, por el contrario, los que más circulan, o mejor dicho, más se atesoran. El contravalor de dichos billetes supera con creces al de billetes de 50 euros. En apenas dos años se han incrementado en 15.000 millones de euros (cerca de 2,5 billones de las antiguas pesetas).

Este país no puede, no debe ser un paraíso para los defraudadores, tampoco para la economía sumergida. No se puede seguir calificando graciosamente de picaresca lo que es un delito económico y social. Consentirlo es un agravio para la gran mayoría de personas que declaran honestamente sus rentas y pone en peligro uno de los principios más honorables y dignos de la economía; principio que, por otra parte, estoy seguro que hace suyo nuestro actual presidente, el de la redistribución de la riqueza.