El Gobierno afirma que el matrimonio gay "acaba con siglos de discriminación"
El Consejo de Ministros aprueba la reforma que permitirá la adopción a los homosexuales
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, defendió ayer la aprobación en Consejo de Ministros del anteproyecto de ley que permite el matrimonio y la adopción a las parejas homosexuales como una forma de acabar "con siglos de discriminación". "Es un día importante para millones de ciudadanos que sufren discriminación, y es importante para los demás porque juntos avanzamos en igualdad", manifestó Fernández de la Vega, quien negó que esta decisión fuera un ataque a la familia."Supone reforzar la institución familiar", destacó.
Los homosexuales "no son un pequeño grupo". "Son nuestros familiares, amigos y compañeros de trabajo, y los tratamos a diario. Ante su situación, la sociedad podía hacer dos cosas: hacer como si no existieran, o tratarlos con igualdad", dijo Fernández de la Vega. Con ello España se convierte en el tercer país del mundo, tras Holanda y Bélgica, en conceder plena igualdad a los matrimonios homosexuales. El gobierno quiere que la ley entre en vigor en 2005.Estos son principales puntos de la reforma expuestos por el Ejecutivo.
- Adopción. La vicepresidenta dio tres motivos para que las parejas de gays o de lesbianas puedan adoptar: "Ya hay miles de niños que viven con parejas homosexuales; existen más de 50 estudios internacionales que demuestran que no hay diferencias entre los niños criados por parejas homosexuales y heterosexuales. Y, tercero, la mayoría de los españoles cree que debe primar el bienestar de los niños sobre otras consideraciones [según el barómetro de junio del CIS el 74,5% de los españoles está de acuerdo con que "lo más importante es garantizar el bienestar del niño, con independencia de la orientación sexual de la pareja]". En consecuencia, el Gobierno anunció la retirada del recurso contra el artículo de la ley de uniones vasca que permite la adopción por parejas del mismo sexo.
- Causas políticas. "Estaba en el programa electoral del PSOE y lo anunció el presidente del Gobierno en su investidura", dijo la vicepresidenta. Se trata de "extender los derechos de la ciudadanía, profundizar en la igualdad y remover una barrera milenaria de desigualdad", añadió el titular de Justicia, Juan Fernando López Aguilar.
- Ajuste constitucional. "El Gobierno está convencido de que esta iniciativa es conforme a la Constitución y sirve mejor a sus valores", dijo López Aguilar. El ministro se refirió a que cumplía tres artículos constitucionales: el 9.2 ("promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra"); el 10.1 ("la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad"), y el 14 ("los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición").
Sobre el 32.1 ("el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica"), López Aguilar recalcó que de lo que se trataba cuando se redactó, en 1978, era de que la mujer no estuviera en desigualdad, como hasta entonces. "Es principio [jurídico] sólido que la actuación que no contradiga directamente la Constitución, cabe en la Constitución", añadió.
- Iglesia católica. El anteproyecto "no va contra nada ni contra nadie", insistió ayer López Aguilar cuando se le preguntó por oposición de la Iglesia católica. "El Gobierno coopera con la Iglesia católica y otras confesiones, y lo hace con convicción. las personas que profesan la religión católica tienen derecho a contraer el matrimonio que ellos consideran único e indivisible", pero eso no obliga al resto de los ciudadanos, añadió.
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