El Gobierno condiciona su apoyo a La Naval a que siga siendo pública

El Gobierno vasco y el comité de empresa de La Naval coincidieron ayer en que el futuro del astillero de Sestao pasa por permanecer en el sector público, en la nueva Izar que el Ejecutivo central quiere dedicar preferentemente a la construcción militar. Bajo esta condición, el Ejecutivo se comprometió a colaborar en la búsqueda de carga de trabajo para la factoría.

El comité de empresa mantuvo ayer su primer contacto con el Gobierno vasco desde que se puso en duda la viabilidad de los astilleros públicos. Los representantes sindicales fueron recibidos a primera hora de la mañana en la sede de la Presidencia por el lehendakari Juan José Ibarretxe, que estuvo acompañado por tres consejeros que representaban a los tres partidos del Gobierno: los titulares de Industria, Ana Aguirre (PNV), de Vivienda y Asuntos Sociales, Javier Madrazo (EB), y de Justicia y Empleo y Seguridad Social (EA), Joseba Azkarraga.

Si hasta ayer el Gobierno se había limitado a criticar los planes anunciados por la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) sobre Izar, ayer se manifestó dispuesto a arrimar el hombro para hacer viable el astillero de Sestao, en determinadas circunstancias. Aunque sostiene que la responsabilidad principal de la resolución del conflicto está en la Administración central, la consejera de Industria señaló abiertamente que el Ejecutivo vasco está dispuesto a colaborar si no se produce la anunciada segregación de La Naval del futuro Izar y " permanece como astillero público". En ese caso Aguirre dijo que el Gobierno vasco ofrecerá toda su colaboración para hablar de carga de trabajo y buscar un proyecto de futuro para los trabajadores y la industria auxiliar.

Defunción

La consejera subrayó que la condición de que La Naval siga como empresa pública "no es una pelea política ni electoral". "Es una condición de viabilidad imprescindible, porque si no se está en la parte de la nueva Izar, en la otra [en la privatizada] lo único que hay es un certificado de defunción a corto plazo, y ahí no estaremos ni como testigos".

El problema, para la consejera, no es la falta de carga de trabajo: el mercado, dijo, demanda biques gaseros y petroleros de mediana capacidad que podrían ser construidos. En su opinión, el problema es que el grupo Izar no está en condiciones de conseguir esos contratos. "Estando en una inminente quiebra técnica", no puede asumirlos.

Por ello apremió al Gobierno central y la SEPI a que clarifiquen su posición y lancen un mensaje unívoco ante la confusión que genera la disparidad de posturas que mantienen. "Por una parte, negocian con los sindicatos que va a retirar el plan y por otra tenemos al vicepresidente, Pedro Solbes, que dice que el plan es la única solución", criticó.

El presidente del comité del astillero, Miguel Angel Asporosa, se mostró satisfecho con la reunión y esperanzado respecto a la entrevista que los sindicatos y la SEPI tienen el lunes en Bruselas para hablar con la UE del problema de la devolución de las ayudas públicas concedidas a Izar.