El Gobierno catalán cierra filas y rechaza en bloque las propuestas nacionalistas de CiU

El socio independentista del Gobierno tripartito catalán -Esquerra Republicana- no se dejó arrastrar por los cantos de sirena nacionalistas lanzados desde Convergència i Unió. Ayer, en el último día del debate de política general, los partidos que dan su apoyo al Gobierno catalán -socialistas, republicanos y ecosocialistas- rechazaron en bloque propuestas de resolución de la oposición, tales como el reconocimiento de Cataluña como nación, el establecimiento de un régimen de financiación basado en el concierto económico o el retorno de los papeles de Salamanca.

Esa fue la manera en que los partidos que apoyan al Gobierno catalán quisieron mostrar su cohesión. Era la prueba más seria a la que se enfrentaban después de las crisis inicial del tripartito. Han sido tres días de debates en los que la oposición, CiU y PP, ha tratado con brillantez de poner en evidencia las contradicciones entre las distintas sensibilidades que conviven en el Ejecutivo tripartito. Los populares -que vieron rechazadas todas sus propuestas- acusaron a la izquierda catalana de aplicar el rodillo "como nunca había sucedido", en palabras de su portavoz, Francesc Vendrell. Desde la federación convergente, Felip Puig aseguró que lo aprobado es una "versión disminuida por el PSOE del Pacto del Tinell".

Pero el tripartito se había conjurado para no romper la unidad. Los socialistas votaron contra una propuesta de resolución de los populares para respaldar la Constitución europea. Los republicanos fueron quienes más concesiones hicieron en aras a la cohesión: no dieron su visto bueno a ninguna de las propuestas de CiU y su portavoz, Josep Huguet, rechazó desde la tribuna de oradores los intentos de convergentes de meter en el debate asuntos que se están abordando en la ponencia que redacta el nuevo Estatuto. "El tren de la reforma del estatutaria no va a descarrilar, no lo vamos a permitir, pese a que haya quien lo busque con frenazos en seco o acelerones repentinos", dijo el portavoz de Esquerra.

Socialistas, republicanos y ecosocialistas estuvieron reunidos hasta las tres de la madrugada de ayer para llegar al pleno con el pacto bajo el brazo. Tras el debate, el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, y el líder de Esquerra, José Lluís Carod Rovira, se entrevistaron por espacio de hora y media. "La reunión ha ido sorprendentemente bien", aseguraron fuentes próximas a Esquerra, que subrayaron que el nuevo Estatuto ocupó el centro de la conversación como ha sucedido en el concluido debate de política general. Precisamente a este respecto y ante la afirmación de Maragall (ver EL PAÍS de ayer) de que el Estatuto debe arrastrar la Constitución, el presidente del Gobierno central, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró ayer que no tenía ninguna duda de que el texto autonómico que suscriban "Maragall y el PSC será un Estatuto reformado dentro y en los límites de la Constitución".

A término del debate no ha habido ninguna alusión al Estatuto por respeto a la ponencia parlamentaria que lo redacta, según se esforzaron en subrayar desde el Gobierno catalán. "No tiene ningún sentido que el pleno interfiera en los trabajos de la ponencia", aseguró Jordi Miralles en nombre de Iniciativa-Esquerra Unida.

Inversión del Estado

Los aliados de izquierda rechazaron también una propuesta de resolución votada por CiU y PP en la que se instaba al Gobierno central "a corregir" la inversión del Estado en Cataluña, que para 2005 será del 15,5 %, una décima menos que el año pasado. Las fuerzas que apoyan el tripartito se limitaron a dar luz verde a resoluciones en la línea del programa social detallado el primer día del debate por Pasqual Maragall (ver EL PAÍS del miércoles).

Entre las resoluciones aprobadas se insta al Gobierno catalán a tomar iniciativas para garantizar la transparencia en las convocatorias destinadas a la contratación de obras y servicios, así como en la concesión de subvenciones a entidades públicas o privadas. El Ejecutivo catalán también se compromete a crear una oficina destinada a preservar la transparencia para evitar prácticas irregulares en las concesiones de bienes y servicios del sector público. Entre las resoluciones aprobadas también figura la reforma de la Sindicatura de Cuentas, para facilitar auditorías.