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Un juez declara inconstitucional parte de la ley antiterrorista aprobada tras los atentados del 11-S

La Justicia estadounidense asestó ayer un nuevo varapalo al paquete de leyes antiterroristas -Patriot Act- adoptado tras los atentados del 11-S en Estados Unidos, al declarar un juez neoyorquino "inconstitucional" la parte que autoriza a los agentes del FBI pedir información confidencial sobre sus clientes a los proveedores de Internet y a otras empresas que manejan datos personales, para poder llevar a cabo sus investigaciones.

La conocida como Acta Patriótica permite a la policía federal acceder a los documentos internos de compañías de seguros, del servicio postal, casinos, agencias de viaje y comerciantes de piedras preciosas sin tener la autorización judicial correspondiente. El FBI puede exigirles así la entrega de datos confidenciales sobre sus clientes sin que tengan que demostrar tampoco en que basan los agentes su petición. La legislación no prevé vías para que dichas compañías puedan oponerse a la acción policial y tienen además prohibido revelar que han recibido la petición de información del FBI.

El juez Victor Marrero, tras analizar los detalles de este apartado, considera que la conocida como Carta de Seguridad Nacional atenta contra la Constitución porque viola, entre otros, el derecho a la libertad de expresión, y recomienda que se bloquee su aplicación. Marrero responde de esta manera a la demanda presentada por la Unión por las Libertades Civiles Americanas (UCLA), uno de los grupos más activos en EE UU en la defensa de las libertades y los derechos civiles tras su aprobación un mes después de los ataques terroristas del 11-S.

El Departamento de Justicia se limita a decir que estudiará la decisión del juez neoyorquino. Pero el de ayer no es el primer golpe que asestan a las medidas sobre la que se sustenta el Acta Patriótica por considerar que violan los derechos y las libertades amparadas por la Carta Magna. El varapalo más sonado le llegó a la Administración que preside George Bush en junio, cuando el Tribunal Supremo dijo que los presos confinados en la base de Guantánamo pueden utilizar el sistema judicial estadounidense.

Los poderes de los que goza el FBI a la hora de controlar a las empresas se suman a otras medidas antiterroristas recogidas en la Patrio Act, como las escuchas telefónicas, la vigilancia de civiles en lugares públicos o el control de los libros que se sacan de las bibliotecas, además de las restricciones que aplican las fuerzas del orden durante los actos de protesta contra la gestión de la Casa Blanca, como sucedió con las movilizaciones contra la celebración de la Convención Republicana en Nueva York hace un mes.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 30 de septiembre de 2004