Varios municipios socialistas de Castellón redactan una norma para frenar la contaminación de la cerámica

Después de varios meses intentando llegar a un consenso entre la Administración autonómica y la provincial, los ayuntamientos y los empresarios cerámicos, el PSPV ha decidido llevar a adelante una ordenanza municipal para la calidad del aire, tras sentirse "burlados" por el PP, tal como señaló el portavoz del grupo socialista en la Diputación de Castellón, Enrique Navarro. Tanto la Generalitat como la Diputación "han demorado" la puesta en marcha de una normativa local restrictiva. "No vamos a tolerar más retrasos", dijo Navarro. El problema de la ordenanza se centra en que, debido a la materia que pretende legislar, las competencias que corresponden a los ayuntamientos y a la Generalitat no están delimitadas claramente. Así, el PP instó a los ayuntamientos del triángulo cerámico a formar parte de la "mesa de la cerámica" para estudiar la potestad de cada administración. Tras varias reuniones se optó por nombrar una comisión de administrativistas para redactar un informe en el que se plasmaran dichas competencias. Finalmente, la comisión ha emitido un dictamen que obvia el reparto de competencias, según Navarro, y la mesa de la cerámica no adelanta en sus trabajos.

Así, el Ayuntamiento de L´Alcora, escogido como "piloto", procederá a la aprobación de la restrictiva ordenanza, ya redactada, que, entre otras cosas, marca sanciones de 3.000 a 600.000 euros para las empresas que la incumplan. Tanto el portavoz del grupo socialista en la diputación como el alcalde de L´Alcora, Javier Peris, son conscientes de que la normativa marca un control que sobrepasa las competencias municipales pero consideran que sólo procediendo a su aprobación lograrán, finalmente, definir la potestad de cada Administración. La ordenanza, que ya se expuso al público, provocó la presentación de alegaciones tanto de la patronal cerámica como de la asociación de empresarios de fritas y esmaltes. Peris confía en aprobarla el próximo mes de octubre o, como tarde, en noviembre.

La norma marca, entre otras cosas, la obligación de utilizar materias primas que contengan una proporción de arsénico inferior 0,1%, obliga a las empresas azulejeras a pavimentar todas las zonas de circulación hasta la vía pública. Además, en caso de falta y cuando existan indicios de falta muy grave, el ayuntamiento podrá acordar la suspensión de la licencia de actividad o, incluso, el cierre de instalaciones.