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El Gobierno descontará la inflación del IRPF por primera vez desde 2000

Solbes mantendrá intacta la cuantía de las deducciones a la espera de la reforma fiscal

Lucía Abellán

Los Presupuestos de 2005 recogerán una de las principales reivindicaciones económicas del PSOE cuando estaba en la oposición: descontar la inflación del IRPF, una medida congelada desde 2000. El vicepresidente y ministro de Economía, Pedro Solbes, explicará hoy los detalles de esta decisión, que supondrá ajustar los distintos tramos del IRPF a las subidas de la inflación prevista (2%). Es decir, que los trabajadores no tengan retenciones mayores con igual poder adquisitivo. Las deducciones fiscales, sin embargo, se mantendrán intactas hasta la reforma fiscal que se introducirá en 2006.

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El Gobierno aprobará hoy en el Consejo de Ministros las cuentas del Estado para 2005, las primeras que el nuevo Ejecutivo diseña, pues hasta ahora ha gobernado con un Presupuesto heredado. Entre las novedades que incorpora esta ley figura la actualización de la tarifa del IRPF con la inflación, que supone restar el impacto de la subida de precios de la cantidad que los 15 millones de contribuyentes pagan por el impuesto.

El mecanismo es sencillo. Consiste en que cada tramo de la tarifa (los ingresos de cada contribuyente) se eleva un 2%, mientras que el tipo impositivo se mantiene. Si no se hiciera esta operación, las subidas salariales -no suponen mejora de poder adquisitivo, pues sólo recogen la inflación- pagarían proporcionalmente más IRPF, ya que la tarifa del impuesto es progresiva.

Es decir, el Ejecutivo aumentará el tope que determina si los ingresos tributan a un tipo menor o a otro mayor se elevarán, por lo que, con la misma renta, una mayor cantidad de dinero quedará en el tramo que se acoge al tipo menor.

Esta práctica, conocida como deflactación de la tarifa, se realizó por última vez en el año 2000. A partir de 2001, el Gobierno del Partido Popular renunció a hacerla, argumentando que prefería rebajar los impuestos a los ciudadanos. El PSOE se mostró beligerante con esta situación e incluso cuantificó su impacto en las arcas del Estado. Los técnicos socialistas calcularon que Hacienda recaudaba 1.200 millones de euros más cada año por no tener en cuenta la inflación. No obstante, fuentes conocedoras del proyecto aseguran que el coste previsto para el año próximo será mucho menor, muy inferior a 600 millones.

Programa electoral

Y es que, de momento, el Gobierno sólo va a actualizar la tarifa del IRPF, no las deducciones del impuesto (mínimos personales y familiar, trabajo, vivienda). Ajustar esas deducciones es lo que tiene verdadero impacto en la recaudación del impuesto sobre la renta.

La actualización del IRPF con la inflación no figura de forma explícita en el programa electoral socialista, aunque sí se hace una reflexión sobre los efectos de la evolución de los precios en el contribuyente. "Se estima que, para las rentas medias, todo el efecto de la supuesta rebaja fiscal de 1999 se evaporó en 2002 por el efecto acumulado de la inflación", reza el texto. Lo que sí recoge de modo explícito es la actualización del mínimo exento (cantidad que cada contribuyente se descuenta sin someterla a tributación) con la inflación, algo a lo que se renuncia por el momento.

En la negociación con los grupos políticos, el Ejecutivo se ha comprometido a dejar estas cuestiones para la reforma fiscal que se abordará en la segunda mitad del año próximo para aplicarla en 2006. Antes no habrá medidas fiscales aisladas, tampoco respecto a la tributación de las rentas del capital, hoy sometidas a la fiscalidad mínima (15%). Éste fue otro de los caballos de batalla socialista en la campaña electoral: que los capitales pagaran como las rentas del trabajo, de forma progresiva.

La actualización del IRPF constituye uno de los compromisos emanados de las negociaciones del Gobierno con Izquierda Verde (IU-ICV), que había insistido especialmente en esta cuestión como una "medida progresista".

El vicepresidente del Gobierno Pedro Solbes (en el centro), a su llegada al Congreso de los Diputados.
El vicepresidente del Gobierno Pedro Solbes (en el centro), a su llegada al Congreso de los Diputados.EFE

Nuevas pensiones

Los Presupuestos de 2005 recogerán también un compromiso que el Ministerio de Trabajo ha adquirido con los sindicatos: fijar una prestación mínima para los pensionistas de entre 60 y 64 años que tengan reconocida la incapacidad permanente total. La medida, desvelada ayer por el sindicato UGT, supone conceder respaldo económico al único colectivo que carecía de esta garantía de renta. Entre 40.000 y 50.000 personas podrán beneficiarse de esta prestación, cuya cuantía aún se desconoce.

El compromiso se selló el pasado martes, durante la reunión que celebró la mesa de la Seguridad Social, en el marco del diálogo social que ha arrancado el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Hasta ahora, las pensiones por incapacidad permantente sólo se concedían a los jubilados desde los 65 años. Ampliar los beneficiarios al tramo comprendido entre 60 y 64 era una de las prioridades de UGT en Seguridad Social. La decisión se une a la subida del 5% anunciada para las pensiones mínimas.

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Sobre la firma

Lucía Abellán
La redactora jefa de Internacional de EL PAÍS ha desarrollado casi toda su carrera profesional en este diario. Comenzó en 1999 en la sección de Economía, donde se especializó en mercado laboral y fiscalidad. Entre 2012 y 2018 fue corresponsal en Bruselas y posteriormente corresponsal diplomática adscrita a la sección de España.

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