Eurostat pidió al nuevo Gobierno que aclarase el déficit público heredado del PP
Las dudas se centran en inversiones del AVE y en las cuentas de las comunidades
El director general de Eurostat, Michel Vanden Abeele, anunció ayer que técnicos de esa oficina estadística de la UE analizan desde hace meses con el Gobierno español las distintas opciones para rectificar y actualizar de forma más realista diversos datos contables que los Estados de la UE deben comunicar a la Unión. Vanden Abeele ya adelantó que, sin duda, esa rectificación supondrá que España tendrá un déficit superior al previsto por el Gobierno anterior del PP. El cambio afecta a determinados gastos e inversiones en infraestructuras y otros costes de las comunidades autónomas y locales.
Michel Vanden Abeele reveló ayer que, pocos días después de que Pedro Solbes tomara posesión como vicepresidente y ministro de Economía, le envió una carta a su antiguo jefe (Solbes era responsable de Eurostat como comisario de Asuntos Económicos) para informarle de su intención de enviar a Madrid una misión de técnicos de la oficina estadística para aclarar algunas dudas.
"Todavía tenemos una discusión al respecto, pero hay una clara colaboración", señaló el director de Eurostat, quien ahora depende jerárquicamente del también comisario español Joaquín Almunia.
El director general de Eurostat concretó esas dudas en determinados gastos e inversiones en infraestructuras, entre las que citó las del tren de alta velocidad (AVE), y otros costes procedentes de las comunidades autónomas y locales.
Vanden Abeele señaló que algunas de esas importantes partidas no fueron tenidas en cuenta en los años anteriores a la hora de calcular el déficit o el superávit español, pero dijo estar "seguro" de que sí figurarán en los datos que aporte el Gobierno español a Eurostat en marzo de 2005 para fijar el balance presupuestario correspondiente a este año.
El Gobierno español, en efecto, ya ha anunciado que el déficit del Estado, sin contar la Seguridad Social o las administraciones regionales, pasará del 0,4% del producto interior bruto en 2003 al 1,81% este año, aunque el déficit global español será "de sólo unas décimas". La diferencia entre ingresos y gastos de las administraciones centrales va a pasar de un desequilibrio del 0,4% del PIB registrado en 2003 al 1,81% que se prevé para 2004.
El vicepresidente y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, trató de dejar claro el pasado martes en el Congreso que ese aparente deterioro de las cuentas públicas responde sólo al reconocimiento de compromisos que debía haber reflejado la Administración anterior y que el actual Ejecutivo ha decidido asumir.
Hasta su intervención del pasado martes ante la Comisión parlamentaria de Economía y Hacienda, la estimación del déficit del Estado para 2004 ascendía al 1,12% del PIB (resultado de sumar al déficit previsto el pago a Andalucía, diversos ajustes contables, el déficit de RTVE y un crédito a Argentina avalado por el Estado). A esas cantidades no presupuestadas inicialmente se le ha añadido después la deuda de Renfe.
Quedará para ejercicios posteriores abordar las inversiones ferroviarias realizadas a través del GIF, que no computan como déficit, y los riesgos que emanan de la creación de sociedades estatales de agua. De incluirlas en el déficit de 2004, sumarían otro 0,24%.
Partidas pendientes
Tanto Vanden Abeele como fuentes cercanas al Ministerio de Economía se refirieron ayer a la asunción de toda la deuda del GIF (Gestor de Infraestructuras Ferroviarias), incluida la inversión estatal de 1.800 millones para comprar una parte de las infraestructuras de un proyecto global de privatización.
Una situación similar a la del GIF se da con las sociedades de aguas (antes confederaciones hidrográficas), y aún resta por aclarar tres puntos: la contabilidad de Aeropuertos Nacionales (Aena), cuyos gastos se han disparado por la ampliación del aeropuerto de Madrid; la financiación a través de sociedades de macroproyectos, como el Metro Sur de Madrid, no incluidos en el déficit porque se prevén rentables; y las inversiones de sociedades de capital público y privado no contabilizadas cuando las aportaciones privadas son superiores a las públicas.
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