La Generalitat quiere poder firmar tratados internacionales con autorización del Estado

El nuevo Estatuto catalán -aseguran desde el Gobierno de la Generalitat- tendrá calado: protección de las competencias propias, nueva fórmula de financiación y presencia de Cataluña en política exterior. En este último aspecto, y según los documentos de trabajo remitidos por el Instituto de Estudios Autonómicos (IAE) al Parlamento de Cataluña, se apunta que "la Generalitat puede solicitar la autorización (previa) del Estado para firmar, en nombre del Gobierno, tratados y convenios internacionales en el ámbito de sus competencias". El borrador reclama que la Generalitat "debe participar en la negociación de tratados y convenios internacionales que afecten a sus competencias".

Los dos capítulos que el IEA ha remitido a la ponencia parlamentaria están en fase de un debate más lento de lo previsto. Carles Viver Pi-Sunyer, director del IEA y ex vicepresidente del Tribunal Constitucional (1998-2001), cuida la legalidad de los contenidos -que cuentan con el visto bueno implícito del Gobierno catalán-, pero son los parlamentarios quienes deciden de acuerdo con sus formaciones políticas. "Es el peaje que hay que pagar para tener un texto estatutario que necesariamente debe ser respaldado por dos terceras partes de la Cámara catalana", aseguran desde el Gobierno tripartito.

En la ponencia parlamentaria de todos los partidos están representados desde el PP hasta Esquerra Republicana, pasando por CiU, PSC e Iniciativa (ICV-EUiA). Y de momento sólo se ha aprobado el índice de materias, en el que se utiliza la expresión "nación catalana", término que habitualmente no emplea el PP catalán, cuyos dirigentes aseguran que no quieren pasar a la historia como los que torpedearon el nuevo Estatuto.

Pero conforme se avanza en la materia surgen problemas y una Convergència i Unió sin las ataduras del poder intenta remover el alma independentista de Esquerra Republicana para que la formación que lidera Josep Lluís Carod Rovira entre en conflicto con sus compañeros de Gobierno. Los republicanos se opusieron el pasado jueves a que se debatiera si el preámbulo debía hacer referencia a la autodeterminación de Cataluña.

Los partidos que dan apoyo al tripartito están inicialmente dispuestos a aparcar hasta el final de los debates el controvertido asunto de la autodeterminación y si la fórmula de financiación debe denominarse concierto.

Presencia en la UE

Los capítulos que obran en poder de los ponentes se refieren a la acción exterior de la Generalitat y a su participación en la Unión Europea, dos de los aspectos que mayor distancia ofrecen respecto al texto estatutario de 1979. De acuerdo con el borrador, la Generalitat quiere participar en la formación de "las posiciones del Estado ante los organismos y las instituciones de la Unión Europea y especialmente en el Consejo de Ministros, en los asuntos de interés de Cataluña, en los términos previstos en este Estatuto, la legislación sobre la materia y los acuerdos suscritos entre el Estado y la Generalitat de Cataluña".

Asimismo, también se establece que "representantes de la Generalitat participarán en las delegaciones españolas ante las instituciones europeas cuando traten asuntos de interés para Cataluña, y especialmente en el Consejo de Ministros y los órganos consultivos y preparatorios del Consejo y de la Comisión. La Generalitat, en el ámbito de sus competencias exclusivas, podrá asumir la representación del Estado y, cuando sea oportuno, la presidencia de estas instituciones y órganos, de acuerdo con la normativa europea", se asegura en el borrador del IEA.

En el terreno internacional, la Generalitat pide presencia en organismos internacionales competentes en asuntos culturales, como la Unesco, "formando parte de la delegación española o de manera autónoma".

Sin embargo, el asunto que puede originar más debate político es esa capacidad que la Generalitat reivindica para suscribir, previa autorización del Estado y en nombre del Gobierno central, acuerdos internacionales en asuntos que sean de su competencia.

El borrador del IEA propugna asimismo que una comisión mixta integrada por igual número de representantes del Estado y de la Generalitat sea la encargada de debatir y resolver o "proponer resolución" en los conflictos que se planteen.