La financiación, último asunto pendiente de la comisión de expertos

La financiación es el último asunto pendiente para la comisión de expertos de la larga nómina de puntos que abordará el Estatuto catalán. Las sesiones de trabajo de esta comisión, cuyas tareas encauza luego el presidente del Instituto de Estudios Autonómicos (IEA), Carles Viver Pi-Sunyer, se celebran prácticamente cada viernes desde el pasado mes de febrero y a iniciativa del consejero de Relaciones Institucionales, el ecosocialista Joan Saura.

De acuerdo con las previsiones, antes de que concluya el año el IEA habrá entregado a la ponencia parlamentaria que redacta el futuro Estatuto todo el material. Eso hace que los más optimistas del Gobierno catalán sitúen para la próxima primavera la aprobación del texto definitivo del Parlamento autonómico, fecha que otros integrantes del Ejecutivo de Maragall retrasan hasta el próximo verano, al final del periodo de sesiones.

La fórmula de la ponencia conjunta por la que se ha optado representa que el Gobierno catalán renuncia a la presentación de un proyecto en la Cámara legislativa catalana. No obstante, todas las formaciones políticas tienen en cuenta las aportaciones del IEA, un organismo que aun dependiendo del Ejecutivo catalán -concretamente del departamento dirigido por Saura- goza desde las épocas en que gobernaba CiU de prestigio y su labor tiene el reconocimiento de la oposición.

Lógicamente, los textos que el IEA remite al Parlamento cuentan con el aval implícito del Gobierno catalán. De momento los integrantes de la ponencia del Estatuto sólo han recibido el índice -ya aprobado-, así como los capítulos relativos a la acción exterior de la Generalitat y a la participación catalana en la Unión Europea.

Paralelamente a los trabajos de los expertos, el IEA encarga dictámenes a expertos sobre cómo blindar competencias exclusivas que ya tiene la Generalitat pero que en la práctica y con el pretexto de coordinación son absorbidas por el Gobierno central.