EE UU exige 230.000 millones a las tabacaleras por fraude y conspiración

El Gobierno de EE UU se ha servido del mismo instrumento legal con el que procesó a la mafia para poner a las tabacaleras en el banquillo, la ley conocida como RICO (Racketeer-Influenced & Corrupt Organizations Act). Y al igual que en los juicios a las familias de la mafia, el argumento central se basa en una reunión en la que los jefes de las compañías acordaron una "fraudulenta y engañosa estrategia" del negocio de cara al futuro. La supuesta conspiración ocurrió en el hotel Plaza de Nueva York en 1953.

De ese encuentro salieron las glamurosas campañas publicitarias que extendieron la moda de fumar a la población femenina y a los jóvenes. Este último sector era clave para el negocio del tabaco; el propósito según la acusación fiscal era crear una generación de adictos que asegurara las ganancias en el futuro. El Gobierno federal sostiene que, desde entonces, todas las ganancias las han obtenido de forma fraudulenta. Piden por ello la suma de 280.000 millones en concepto de restitución, y no de indemnización como es el caso de otras demandas de individuos o colectivos que siguen pendientes de resolución en los tribunales estadounidenses.

El Departamento de Justicia de EE UU ha ido acumulando pruebas desde hace cinco años, en parte derivadas del pleito que le ganaron a las tabacaleras más de medio millón de fumadores enfermos del Estado de Florida hace dos años (que aún está en proceso de apelaciones). El voluminoso caso judicial que hoy se inicia ha generado ya 120 millones de documentos y unas 650 órdenes judiciales.

Fuentes de la defensa señalan que una de las pruebas principales será la manipulación de los niveles de nicotina y de sus efectos sobre la salud. Las tabacaleras negaron durante años el poder adictivo de la nicotina, a sabiendas de que lo era, e incluso promovieron los cigarrillos light como un sucedáneo menos dañino, igualmente a sabiendas de que era tan peligroso como el tabaco normal.

Y siguen negando responsabilidades. En esta ocasión niegan haberse confabulado, tal y como mantiene el Gobierno federal, y en cambio acusan al Gobierno de distorsionar la historia para llevarlas a la bancarrota. Como defensa aducen que en los últimos años han corregido los errores del pasado y han cumplido las órdenes impuestas por el juicio que perdieron en 1998 con 46 Estados, como parte del cual se comprometieron a ser "más transparentes" y a pagar 250.000 millones de dólares a plazos, a lo largo de 25 años.

William Ohlemeyer, abogado principal de Philip Morris, afirmó en una conferencia de prensa que, desde el acuerdo extrajudicial al que llegaron con los Estados, han estado tan estrechamente vigilados que hubiera sido imposible cometer fraude. Ohlemeyer subrayó además que el haber dicho en el pasado que el "fumar no causa enfermedades" lo único que implica es que "pudimos haber estado equivocados, lo cual no es prueba de que cometiéramos fraude". Las tabacaleras acusadas son: Philip Morris USA y su empresa matriz Altria Group, R.J. Reynolds Tobacco Company, Brown & Williamson Tobacco Corporation, Lorillard Tobacco Company, British American Tobacco, y el grupo Liggett.

El Gobierno federal presentó originalmente la demanda en 1999, pero la juez del caso, Gladys Kessler, desestimó la parte en la que solicitaban compensación por los gastos sanitarios derivados del tabaquismo (argumento con el que sí habían tenido éxito los 46 Estados que van a recobrar 250.000 millones). La demanda prosiguió sólo con la parte referida a la restitución de las ganancias supuestamente fraudulentas.

La industria esperaba que la administración de George W. Bush iba a ser más benevolente e incluso llegaron a alardear de que retirarían la acusación. Se equivocaron. El Departamento de Justicia ha destinado 135 millones de dólares a investigar el caso. En total se presentarán unos 300 testigos, de las dos partes. Cada una tendrá tres meses desarrollar sus argumentos. El caso, ya complejo de por sí, se complica aún más por una apelación paralela de la que dependerá la resolución. El recurso presentado por las tabacaleras solicita la anulación de la restitución de los 280.000 millones. Si fallan a su favor, el juicio que hoy comienza como mínimo se suspendería y casi con toda probabilidad los pleitos cruzados se dirimirían en el Tribunal Supremo.