Testigo estrella
Uno de los testigos estrella del Gobierno es David Kessler, ex director de la Agencia de Fármacos y Alimentos de EE UU (FDA). Durante sus años al mando de la agencia, de 1990 a 1997, Kessler trató de regular la nicotina como una droga pero las tabacaleras lanzaron una ofensiva legal que acabó con éxito en el Tribunal Supremo.
La FDA había hecho una extensa investigación y tenía pruebas de la adicción que causa la nicotina, pero los magistrados del Supremo "nunca se interesaron" por tales pruebas, según Kessler. Hace meses el Senado autorizó a la FDA para que regule la venta, distribución y publicidad del tabaco, así como a obligar a las tabacaleras a que revelen los contenidos.
El Gobierno federal tiene previsto presentar otros 182 testigos, entre ellos ex ejecutivos de las tabacaleras como Jeffrey Wigand, de cuya historia se hizo una película. El testimonio de Wigand fue clave en el juicio que ganaron hace tres años más 500.000 fumadores enfermos de Florida, que se convirtió en símbolo de la lucha internacional contra la industria tabaquera. El juez les concedió una indemnización de 145.000 millones de dólares, de la que todavía no han visto un centavo y puede que nunca lo hagan o de que si llegan a cobrar algo, sea una cantidad muy inferior.
Las tabacaleras recurrieron el histórico fallo arguyendo que nunca se debía haber permitido una demanda colectiva y, por tanto, una indemnización colectiva, porque "cada fumador tiene un historial médico distinto". Hace un año un tribunal de apelaciones de Florida les dió la razón y, aunque no anuló el "castigo" de indemnizar a los enfermos, ordenó a éstos que presentaran sus quejas de forma individual. Es decir les forzó a empezar desde cero.
El fallo rescató a la industria del precipicio económico, pero todavía no pueden cantar victoria: de proseguir individualmente las demandas, en cualquier caso tendrían que pagar indemnizaciones; y segundo, porque los fumadores han apelado colectivamente al Tribunal Supremo del Estado de Florida. Esta instancia judicial tendrá la última palabra, porque al tratarse de un caso litigado en las cortes estatales y no en las federales, las posibilidades de apelación al Supremo de EEUU son escasas. Aunque los observadores no descartan que la industria lo intentara como táctica dilatoria.
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