Atrium Beach

No parece dudoso que el culebrón en torno al complejo hotelero turístico Atrium Beach de La Vila Joiosa sea por sobrados méritos el escándalo urbanístico del año, e incluso del lustro, en el País Valenciano. Como el lector sabe y sucintamente le recordamos, se trata de un conjunto arquitectónico integrado por cuatro torres de apartamentos y un hotel colmados de irregularidades. En la construcción de los apartamentos se ha producido un exceso de 6.000 metros cuadrados de obra y son tantas las chapuzas que sus propietarios están en pie de guerra legal por sentirse estafados y víctimas de una publicidad engañosa. En cuanto al hotel baste decir que ha elevado once plantas más de las autorizadas, algo así como 50.000 metros cuadrados añadidos por narices.

Desmadres, como es obvio, que no han podido ejecutarse de tapadillo. Aquí la complicidad municipal es tan clamorosa como la candidez de los ediles que alegan haber notificado en tiempo y en forma las anomalías que se iban revelando, sólo que enviaban las preceptivas y reiteradas notificaciones a un domicilio indebido. Así ocurrió que las empresas promotoras tuvieron que enterarse por la prensa de los desafueros que cometían los albañiles, pues el arquitecto del hotel ha renunciado a la dirección de la obra alegando que se llevó a cabo sin su intervención. Y a todo esto, el alcalde de la villa, el popular José Miguel Llorca, ni siquiera está en chirona. Más aún, está obstinado en sacarle las castañas del fuego a los presuntos delincuentes mediante fórmulas compensatorias y la modificación del Plan de Ordenación Urbana.

Hay que decir a favor del mentado sujeto que su actitud ha venido siendo la habitual de las autoridades municipales, extasiadas y pastueñas ante el poderío inmobiliario. Tanto más cuando se trata de iniciativas urbanísticas aparatosas y, además, concitan, como es el caso, las expectativas laborales de buena parte del censo local. Cientos de apartamentos y tan gran hotel propician muchos puestos de trabajo. Pero, evidentemente, el asunto se ha ido de la mano al político y al promotor. Han confiado en que, como casi siempre, acabaría prevaleciendo la componenda y hasta veríamos el desaguisado urbanístico integrado en el paisaje.

Pero no parece que vaya a ser así. El consejero de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco, ha dicho alto y claro que no puede validar la ilegalidad del hotel y que aplicará con el máximo rigor la norma urbanística. Queda desestimado, pues, el trapicheo que se sugiere de cambiar parcelas por metros construidos. Recuérdese, a propósito del rigor, que fue este mismo consejero quien, en 1987, gobernando con el PSPV, ordenó la demolición de un edificio irregular en Calpe, a pesar de los cualificados patrocinios que amparaban el inmueble. En punto al Atrium, que nos ocupa, no es descabellado pensar, a mayor abundamiento, que el Consell y su presidente no sean ajenos a este raro correctivo.

El promotor podría ya ir pensando en la demolición porque tenemos la impresión de que algún freno se le ha puesto a la laxitud y cachondeo que han primado y priman en la política urbanística. Cierta señal ha dado la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, que promete medidas ejemplares contra los abusos, y no le va a la zaga su colega autonómico, el consejero. Enchiquerar a un alcalde, y no señalamos, sería una de esas medidas ejemplares.