La Administración cargará el coste de las nuevas obras en la tarifa del agua

El Gobierno implantará de una forma gradual la normativa europea que obliga a repercutir sobre la tarifa del agua el coste de las infraestructuras relacionadas con la utilización de este recurso que se construyan en el futuro. Así lo comunicó ayer la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, antes de presidir la reunión del Consejo Nacional del Agua, en la que se debatió el Plan que el Ejecutivo ha presentado como alternativa al trasvase del Ebro. Narbona observó que el régimen económico y fiscal que regula los precios del agua y data de 1985 es "insuficiente". La ministra recordó que la UE obligará en 2010 a todos los países miembros a repercutir sobre la tarifa del agua todos los costes relacionados con su uso.

Entre esos costes, la ministra citó, además de los que se dedican a la obtención y el tratamiento de las aguas, los costes ambientales que derivan de la utilización de este recurso, y dijo que esos costes son "muchísimo más altos que los que existen en estos momentos, y sobre todo mucho más altos que lo que se paga de verdad por el agua".

La ministra destacó la oportunidad de la reunión del Consejo Nacional el Agua al coincidir con el inicio de la tramitación parlamentaria del decreto ley que derogó el trasvase del Ebro e impulsa un conjunto de 105 actuaciones alternativas en la cuenca mediterránea. El plazo de presentación de enmiendas a este proyecto se ha interrumpido al pedir el Grupo Popular que previamente se sucedan en el Congreso varias comparecencias, y la ministra celebró que ello vaya a provocar un debate sobre política del agua en el parlamento.

Planes urbanísticos

También planteó la ministra en el Consejo la oportunidad de que las confederaciones hidrográficas emitan informes previos a la definición de nuevos planes urbanísticos, y observó que en muchas ocasiones estos planes no contemplan la disponibilidad de agua efectiva "y eso lleva a que se generan expectativas y tensión sobre los recursos hídricos".

En el Consejo Nacional del Agua la ministra corroboró la oposición de las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP, y en especial la de los gobiernos valenciano y murciano. El conseller de Infraestructuras y Transportes de la Comunidad Valenciana, José Ramón García Antón, señaló que la reunión de ayer es un "fraude de ley" porque "ya no hay tiempo" ni para presentar enmiendas ni para realizar un informe sobre el proyecto de ley de derogación del trasvase de agua del Ebro que ya está en el Congreso de los Diputados.

García Antón aseguró que la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería tienen un "futuro muy negro" con este plan y criticó que esta convocatoria llegue "tarde y mal". En su opinión, el Consejo Nacional del Agua debía haber podido estudiar antes el decreto que derogó el trasvase y el proyecto de ley que ahora está en el Congreso.

Por otra parte, la Confederación de Consumidores y Usuarios mostró ayer su "desacuerdo inicial" y su "profunda preocupación" por la decisión de repercutir en la factura del agua que pagan los ciudadanos los costes de las nuevas grandes obras.