El Gobierno regularizará a los inmigrantes que aporten un contrato de al menos un año

Los inmigrantes sin papeles que lleven en España "un tiempo suficiente" y estén desarrollando una actividad laboral "fehacientemente demostrable", a los que sus empleadores proporcionen un contrato de trabajo de al menos un año de duración y den de alta en la Seguridad Social, obtendrán un permiso de trabajo transitorio mientras dure su relación laboral. Ésta es, en esencia, la propuesta que lanzó ayer en el Congreso el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, para normalizar la situación de cientos de miles de extranjeros que viven y trabajan en situación irregular.

El ministro fue muy prudente al presentar su propuesta ante la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales del Congreso: "Sería positivo", argumentó, "introducir elementos que permitieran dar respuesta a situaciones laborales específicas, en las que existe una vinculación real y efectiva al mercado de trabajo, adoptando al mismo tiempo las medidas adecuadas para evitar el denominado efecto llamada".

Definió su propuesta como "abierta para el diálogo", y dejó en manos de los parlamentarios y de los agentes sociales la discusión de criterios muy relevantes. Por ejemplo, el plazo exacto que ha de llevar el inmigrante en España para acogerse a esta regularización (él prefirió llamarla "normalización"). O la posibilidad de exigir en ella la actualización de las cotizaciones a la Seguridad Social correspondientes al tiempo de trabajo que hubiera desarrollado [el extranjero] en situación irregular. Añadió: "Este sistema será transitorio, con duración limitada a establecer también mediante acuerdo".

Con una propuesta tan abierta, Caldera obliga a los partidos del arco parlamentario a exponer públicamente su opinión sobre la forma de hacer emerger la bolsa de economía sumergida que se nutre de inmigrantes sin papeles. Al mismo tiempo, deja un amplio margen de maniobra para consensuar el Reglamento de Extranjería, cuyo borrador entregará mañana a los grupos parlamentarios y a los agentes sociales. Y, más aún, abre la puerta al pacto de Estado sobre inmigración que desea el presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero.

"Selectivo y personalizado"

El ministro de Trabajo se mostró muy interesado en definir su propuesta como "un proceso de normalización, vinculado a la efectiva prestación de un trabajo. No es un proceso de regularización", insistió, "dado que será selectivo y personalizado, sólo para las personas que estén trabajando y vayan a continuar haciéndolo durante un año. Además, incorporará las correspondientes sanciones en relación a las cotizaciones a la Seguridad Social no abonadas por el trabajo prestado con anterioridad a la normalización, y supeditará el permiso a la continuación de la relación laboral".

En los casos en que la relación laboral se prolongue más de un año, el Gobierno "dará [a los inmigrantes] un permiso temporal por el tiempo de duración del contrato de trabajo, finalizado el cual deberán regresar a su país, salvo que estén en condiciones de renovarlo por cumplir con los requisitos exigidos en la legilación vigente".

Durante toda su intervención, Caldera se apoyó en un informe del Consejo Económico y Social, organismo en el que están representados los empresarios y los sindicatos. El informe del CES, publicado en abril por EL PAÍS, considera "deseable" que en el desarrollo reglamentario de la Ley de Extranjería "se mantengan los requisitos para la obtención de un permiso de residencia temporal por la vía de arraigo tras tres años de residencia efectiva en España, como una posibilidad individual y excepcional de obtención del permiso de residencia temporal cuando se acredite una situación de arraigo, considerando como tal la incorporación real al mercado de trabajo y los vínculos familiares con extranjeros residentes o con españoles, sin exigir la concurrencia simultánea de ambos requisitos".

Para constatar la veracidad de los contratos que presenten los inmigrantes y la efectividad de su alta en la Seguridad Social, el Gobierno contará con una aplicación informática que espera poner en funcionamiento en el momento en que entre en vigor el Reglamento de Extranjería.

Se trata, como adelantó este periódico el viernes pasado, de cruzar los datos del Ministerio de Trabajo con los de las oficinas de Extranjería, de forma que cualquier baja en la Seguridad Social anulará automáticamente el permiso del inmigrante.

Caldera recordó que su propuesta trata de dar salida a una situación creada por el anterior Gobierno del Partido Popular, cuya política de inmigración criticó con dureza: "Se ha aplicado una Ley de Extranjería restrictiva, en la que los trámites burocráticos son complicadísimos, carentes de toda nitidez y que ha dado lugar a disparidad de criterios a la hora de la toma de decisiones.

"Este hecho", afirmó, "ha impedido, en los sucesivos procesos de regularización, general y extraordinaria, una rápida resolución de los expedientes, lo que nos lleva a la otra cara de la moneda. Los principales objetivos de esa ley eran terminar con el mal llamado efecto llamada y acabar con la presencia de personas en situación administrativa irregular. Bien, ninguno se ha cumplido".