La ONU convoca en Barcelona a expertos y políticos para debatir el futuro de las ciudades

La agencia de las Naciones Unidas Hábitat ha convocado esta semana, del 13 al 17, en el Fórum de Barcelona el Foro Mundial Urbano. Más de dos mil delegados, entre autoridades políticas, expertos y organizaciones cívicas debatirán la larga agenda de los problemas que soportan las ciudades y las alternativas que de ellas mismas emergen. Uno de los copresidentes, junto a la ministra española de la Vivienda, María Antonia Trujillo, es el ministro de las Ciudades brasileño, Olivio Dutra, que trae un mensaje prioritario: que no computen en la deuda externa del país las inversiones públicas para la vivienda.

"Pedimos que las inversiones públicas para la política de vivienda no computen en la deuda externa y sean entendidas como inversiones que generan vida cualificada, desarrollo humano y una actividad económica que acaba influyendo positivamente en la economía".

El Gobierno de Lula, explica Dutra, ha conseguido algunos avances. El Fondo Monetario Internacional "nos imponía una camisa de fuerza al limitar a los 200 millones de reales el acceso al financiamiento público para temas de saneamiento. Trabajamos con las agencias financieras y el FMI y conseguimos aliviar esta limitación". Dutra está a la cabeza de un Ministerio de Ciudades, "que el Gobierno de Lula creó atendiendo una demanda que se remonta a los años sesenta y que refleja el compromiso político de plantearse la intervención en el espacio urbano de una forma integrada atendiendo, preferentemente, a la vivienda, el saneamiento y el transporte".

Ex alcalde de Porto Alegre, Dutra ha llevado al ministerio la cultura del diálogo con los colectivos afectados por la política urbanística. "Queremos extender a la mayoría de la población urbana el derecho a la ciudad. Un proceso acelerado y violento provocó la migración desde las pequeñas y medianas ciudades a las regiones metropolitanas. En los años cincuenta, el 80% de la población era rural o vivía en ciudades medianas y pequeñas. Ahora, el 82% de la población está urbanizada y 11 regiones metropolitanas concentran el 60% de la población", explica telefónicamente. El gran problema, pues, es el acceso a una morada digna. "Nuestro desafío es transformar esta realidad, integrando las políticas de los distintos estratos federales, dando participación a la ciudadanía para que intervengan en su formulación y en el seguimiento".

En este modelo participativo incluye también el sector de la construcción y el sistema financiero. Una participación del sector privado que se busca favoreciendo la vivienda de mercado para la población con poder adquisitivo y ampliando los ciudadanos con derecho a una vivienda de interés social. "Hemos tomado una serie de medidas que dan mayor seguridad al mercado inmobiliario, asegurando a los constructores que la justicia garantizará que no se deje de pagar el principal de la deuda, aunque sea imposible hacer frente a los intereses, y obligando a las empresas a separar la contabilidad de cada proyecto inmobiliario para que la crisis en uno de ellos no contagie a toda la empresa, como ha sucedido en el pasado". Otra medida ha sido forzar que el sistema privado financiero de compensación y préstamo (depósitos a coste cero para invertir en vivienda) no retenga los recursos, lo que supone una inyección de recursos para la creación de vivienda.