Otro paso más

El Gobierno socialista ha dado un paso imprescindible para desagraviar a las víctimas de la guerra civil y de la represión franquista. Parece increíble que pasados ya 65 años desde el final de la contienda fratricida y a casi tres décadas de la muerte del dictador, todavía sea necesaria una especial dosis de valor cívico para plantear el reconocimiento -y a veces simplemente el conocimiento- de quienes perdieron incluso la vida en defensa de la legalidad constitucional. Toda transición política exige reconciliación y precisamente por ello hay que borrar de una vez la sombra que ha convertido en invisibles a las víctimas de la guerra civil y de la dictadura franquista que le sucedió.

La decisión del Gobierno de crear una comisión interministerial ante la que puedan formular sus reivindicaciones las asociaciones de familiares pretende rehabilitar moral y jurídicamente a las víctimas de aquellas atroces circunstancias, con el objetivo de reparar la dignidad y restituir la memoria de quienes sufrieron cárcel, represión o muerte por sus ideas, pero también de habilitar compensaciones económicas. Era una promesa contemplada en el programa electoral del PSOE que el Congreso convirtió en proposición no de ley, a propuesta de los grupos minoritarios y con la abstención del PP. En ella se insta a la Administración a mejorar el tipo de asistencia económica a las víctimas del franquismo.

El Gobierno de José María Aznar puso mil trabas para que se creara semejante comisión y consideró cerrado el asunto con la histórica condena del golpe franquista, aprobada por el Parlamento en noviembre de 2002. No pocas de las recomendaciones recogidas en esa decisión quedaron, sin embargo, en papel mojado, por ejemplo las ayudas a los familiares que quieran reabrir las fosas de la guerra y recuperar los restos de sus seres queridos.

Y hoy está plenamente justificado, a la vista de todo ello, preguntarse si se han hecho los esfuerzos suficientes para alcanzar una total reconciliación entre españoles. Probablemente lo logrado es bastante, pero no por ello deja de sorprender la lentitud con la que se ha procedido. No se trata de reabrir cicatrices, sino de hacer justicia y recuperar la memoria histórica de todos. Es hora ya de que los archivos civiles y militares sobre la guerra y la dictadura -incluido el de la Fundación Franco- se abran a los investigadores sin distinción ni privilegio. Las nuevas generaciones de españoles tienen derecho a conocer una historia no demediada.