Caldera rechaza ceder competencias sobre la gestión de los inspectores

El Gobierno central se resiste a ceder competencias sobre la gestión de la inspección laboral. El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, rechazó ayer la posibilidad de que el Ejecutivo catalán gestione directamente el cuerpo de inspectores de trabajo que opera en la comunidad, una petición que han realizado también los socialistas vascos. Caldera, que se reunió en Madrid con el consejero catalán de Trabajo e Industria, Josep Maria Rañé, alegó que iniciar un proceso de transferencias -tanto de los inspectores como de políticas pasivas- hacia las autonomías supone poner en peligro la caja única de la Seguridad Social.

Rañé reconoció que las posiciones entre el Gobierno central y la Generalitat en relación con el pulso por la inspección de trabajo están "muy alejadas", aunque se remitió a la posibilidad de continuar negociando con Caldera y defendió una gestión descentralizada en la que participen las comunidades autónomas. El consejero aseguró que la gestión del cuerpo de inspectores no supone romper la caja única de la Seguridad Social. "Se trata del mismo modelo que ya se utiliza con las pensiones no contributivas, que gestiona Cataluña pero no han dejado de formar parte de la Seguridad Social en ningún momento", explicó.

Actualmente, Cataluña cuenta con 119 inspectores de trabajo y 110 subinspectores, reforzados con 70 técnicos dependientes de la Generalitat que tendrán capacidad sancionadora una vez se despliegue la ley de prevención de riesgos laborales. Esta iniciativa se desarrollará a partir del próximo año y persigue aliviar la carga de trabajo de los inspectores estatales, que supervisarán las decisiones de los técnicos catalanes. "El desarrollo de la normativa podría provocar una duplicidad de acciones y cierta descoordinación si los técnicos catalanes asumen mayores competencias, algo que se solucionaría con la luz verde a la gestión desde Cataluña", explicó un portavoz del Departamento de Trabajo.

Participación en el Forcen

La transferencia de las políticas pasivas de empleo no supone la gestión de las cuotas de los trabajadores, sino que la recogida, tramitación y comprobación de la documentación la hagan funcionarios dependientes de la Generalitat, dijo Rañé.

Pese al desacuerdo sobre la gestión del cuerpo de inspectores, la reunión entre Caldera y Rañé se saldó con avances en varias materias. El consejero catalán destacó el visto bueno de Caldera a la posibilidad de que Cataluña asuma competencias en otros aspectos, como en materia de accidentes y de relaciones laborales. El ministro se mostró favorable a un cambio en el modelo de la Forcem, que tenga en cuenta la sentencia del Tribunal Constitucional relativa a una mayor participación en los fondos de formación por parte de las comunidades autónomas.