Comptos confirma las ilegalidades en la gestión urbanística del ex alcalde de Egüés
Nueve personas están imputadas en el caso por presunta prevaricación y cohecho
Las instituciones políticas y la opinión pública navarra asisten expectantes a los acontecimientos del caso Egüés, que provocó el pasado año la dimisión del alcalde del municipio con mayor nivel de renta de la comunidad, Ignacio Gallipienzo (UPN). La Cámara de Comptos, el órgano fiscalizador de las cuentas públicas en Navarra, ha confirmado en un informe definitivo las sospechas de que su irregular gestión urbanística al frente del consistorio había derivado en una trama de cobro de comisiones y otros favores por la que están imputadas nueve personas.
Comptos ha rechazado todas las alegaciones de los implicados y ha insistido en que Gallipienzo actuó irregularmente y autorizó la construcción de un aparthotel en una parcela de uso exclusivamente escolar inducido por la constructora. Ante las denuncias periodísticas sobre el caso, UPN se vio obligada a exigir a Gallipienzo, abogado de 34 años, la dimisión de su cargo y el abandono del partido. El ex alcalde afronta una investigación judicial por los presuntos delitos de prevaricación y cohecho debido a las vinculaciones profesionales que mantenía con la promotora urbanística Construcciones Flores, propietaria de la urbanización más lujosa de Navarra, Castillo de Gorraiz, ubicada en la localidad de este nombre perteneciente al Valle de Egüés.
Gallipienzo, uno de los hombres de más peso del partido en el gobierno en la comarca de Pamplona, abandonó la alcaldía en noviembre de 2003 y, al igual que los principales protagonistas de la trama, optó por poner tierra de por medio. En plena madrugada hizo la mudanza y abandonó el lujo de Gorraiz para trasladarse a residir a Madrid. Le acompañó su esposa, Eva Iglesias, también imputada en el Juzgado de Instrucción número 1 de Aoiz, que el pasado julio levantó parcialmente el secreto del sumario protegiendo de la luz pública la información sobre el patrimonio y los movimientos bancarios de los nueve imputados.
Los demás acusados, que prestaron declaración judicial meses atrás, son Emilio Izquierdo, ex director general de Industria en el gobierno de UPN entre 1996 y 1999 y consejero de Apartamentos Gorraiz; Raimundo Cid, administrador de una de las sociedades que Gallipienzo posee en Madrid; José Luis Ruiz, propietario de una sociedad madrileña; Conchita Flores, dueña de construcciones Flores; Jesús Marco, asesor legal del Ayuntamiento de Egüés; Nuria Alas, arquitecta del consistorio y José Javier Iribarren, asesor legal de Construcciones Flores y socio de Gallipienzo en un negocio de tintorería.
Amplio patrimonio
Las investigaciones judiciales no se han limitado a concretar las presuntas irregularidades en la gestión urbanística de Gallipienzo, sino que se han extendido a su amplio patrimonio acumulado entre 1999 y 2003, los años de su alcaldía. El político declaró antes de dimitir que ganaba 90.000 euros anuales por su dedicación política y sus negocios privados, pero la realidad era muy distinta. En 2003 ganó 500.000 euros, según el informe pericial que obra en poder de la juez de Aoiz. Su lista de propiedades incluye viviendas en Gorraiz (Egüés), Mijas (Málaga), Cascante y Tudela; parcelas urbanizables en Gorraiz, A Coruña y San Feliú de Guixols; un local comercial en Pamplona, cuatro vehículos de la marca BMW y la propiedad de empresas inmobiliarias y de asesoría financiera radicadas en Madrid, como Estudio de Gestión y Desarrollos Urbanísticos (EGDU), firma a través de la que cobraba sus servicios al Grupo Aricam, promotor del frustrado aparthotel que levantó la liebre sobre sus actividades.
En su declaración ante el juez, en marzo pasado, Gallipienzo reconoció haber percibido una comisión de 138.000 euros por conceder la licencia para el aparthotel, que fue pagada por Construcciones Flores. La juez de Aoiz, asistida por el fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Javier Muñoz, escuchó sus explicaciones y las de su esposa y les dejó marchar en libertad.
Además de asistir al alejamiento geográfico de algunos de los principales implicados, entre los que se incluye el corellano Emilio Izquierdo, consejero de numerosas sociedades vinculadas a obras públicas en Navarra, UPN decidió que el Consistorio de Egüés se personara en las actuaciones como acusación particular.
El Ayuntamiento revisará el acuerdo del aparthotel. El Gobierno foral, cuya cartera de Ordenación del Territorio está en manos de CDN, controla ahora con detalle los movimientos urbanísticos del municipio. El control absoluto que Gallipienzo ejercía sobre la actividad urbanística del valle lo demuestra el hecho de que un tribunal de Pamplona acaba de anular las pruebas de selección de un arquitecto municipal en las que intervino el ex alcalde. El ex alcalde forzó las puntuaciones para apartar de la oposición a la candidata mejor situada. La prueba deberá repetirse por orden judicial.
