La UE denuncia a la central nuclear de Sellafield por su falta de control
La piscina de la planta británica acumula material radiactivo
La Comisión Europea decidió ayer llevar ante los tribunales al Reino Unido por incumplir las normas europeas en su planta nuclear de Sellafield, una de las más antiguas del mundo y que en 1957 registró un gravísimo accidente seguido de multitud de problemas durante años. Bruselas exige a Londres que informe debidamente sobre el material radiactivo almacenado en la planta y que permita inspeccionarla.
Tras años de negociaciones y varios meses de advertencias, la Comisión recurre por vez primera en su historia al veredicto de los jueces para exigir a un gobierno el cumplimiento de las normas nucleares europeas.La comisaria europea responsable de Transportes y Energía, Loyola de Palacio, aseguró ayer que Bruselas sigue el asunto de Sellafield desde 1973, año en que el Reino Unido se incorporó a la Unión Europea y en el que, por tanto, la planta nuclear pasó a estar sometida a las medidas de salvaguarda del Tratado Euratom.
En 2001, las autoridades británicas expresaron los problemas que planteaba la piscina de almacenamiento de desechos radiactivos B30. "Se prometió tomar medidas para poner la situación de tal piscina en conformidad con las normas europeas para mediados de 2002, pero, lamentablemente, tales medidas no se han puesto en marcha todavía", aseguró ayer De Palacio. Los grupos ecologistas han protagonizado numerosas protestas en el pasado contra la central de Sellafield, cuya piscina B30 emite tal radiactividad que cualquier inspección física sobre el terreno se hace imposible.
Las negociaciones para resolver los problemas de la piscina de almacenamiento se multiplicaron durante el año pasado. En marzo de 2003, la Comisión urgió a Londres a presentar un plan de acción preciso con un calendario concreto y medidas financieras antes del 1 de junio de este año. La respuesta de Londres no ha sido satisfactoria para Bruselas, que considera que el plan enviado es un borrador sin propuestas concretas.
Según De Palacio, el problema de la piscina B30 no entraña un riesgo grave para los ciudadanos. Más bien se trata de cumplir unas normas europeas que, en este caso, exigen la inspección por parte de personal comunitario para verificar que el material radiactivo utilizado no se desvía de los usos pacíficos declarados, es decir, la producción de energía nuclear con fines civiles. La central de Sellafield, que recibe desechos radiactivos de toda Europa, está gestionada por British Nuclear Fuels. La imposibilidad de inspeccionar la piscina impide a la Comisión Europea saber con precisión la cantidad de material almacenado.
Los Verdes del Parlamento Europeo acogieron ayer con satisfacción la decisión de la Comisión Europea, aunque señalaron que el que se tome tres décadas después de conocer el problema ilustra "la baja prioridad que Bruselas otorga a la salud, la seguridad y el medio ambiente". Por su parte, De Palacio dijo que no es "lógico" exigir a los países de nueva incorporación niveles de seguridad que los veteranos incumplen.
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