Expira el plazo de la ONU a Sudán para solucionar la crisis de Darfur

El plazo de un mes que Naciones Unidas dio a Sudán para poner fin a las atrocidades en la región de Darfur venció ayer sin que se observe una mejoría en la protección de la población católica de raza negra, que es víctima desde hace año y medio de los ataques de la milicia árabe Janjawid. La ONU considera la situación en el sur del país como "un problema mayor", aunque de momento evita hablar de genocidio o de la adopción de sanciones contra el régimen de Jartum.

La crisis en la región de Darfur será el asunto principal con el que deberá lidiar España durante la presidencia mensual rotatoria del Consejo de Seguridad, que comienza mañana con la atención centrada en los conflictos en África. El jueves, el enviado especial de Naciones Unidas a la zona, Jan Pronk, tiene previsto informar a los 15 miembros del organismo sobre los pasos dados por las autoridades sudanesas para acabar con los ataques contra mujeres y niños en Darfur.

Según fuentes diplomáticas, el informe de Pronk señalará que el grado de cumplimiento "no es suficiente" para evitar el yugo sancionador de la comunidad internacional, a pesar de que puedan observarse tímidos avances, como en las mejoras de acceso a las organizaciones de ayuda humanitaria. Pero será a partir de la evaluación que haga el secretario general de la ONU, Kofi Annan, y los miembros del Consejo de Seguridad cuando se decida si se mantiene la política de presión diplomática o si se opta por la vía de la sanción directa para obligarle a frenar las atrocidades.

1,2 millones de desplazados

Las autoridades sudanesas ya han empezado a negociar una solución del conflicto con los rebeldes de raza negra hace una semana. Pero el miedo a los ataques de la milicia Janjawid domina entre la población de Darfur y se estiman en la actualidad en 1,2 millones los desplazados, mientras se cifran en 30.000 las personas asesinadas. "La seguridad debe reforzarse y los responsables deben ser perseguidos por sus crímenes", dice el coordinador de asistencia a los desplazados de la ONU, Dennis McNamara.

La resolución sobre la crisis de Darfur insta expresamente a Sudán a desarmar a la milicia Janjawid, a facilitar las operaciones humanitarias y a proteger a la población civil bajo la amenaza implícita de las sanciones económicas y diplomáticas, de acuerdo con el artículo 41 de la Carta de Naciones Unidas. La resolución de la ONU establece además un embargo de armas a las milicias árabes y contra los grupos rebeldes, y pedía a Jartum que diera pasos concretos para facilitar los trabajos de investigación de la ONU sobre las atrocidades y violaciones de los derechos humanos en Darfur.

[El Gobierno sudanés aseguró ayer que los rebeldes habían secuestrado a ocho trabajadores de la ONU y de organizaciones humanitarias en la zona de Darfur, informa Reuters.]