Parmalat entabla una batalla judicial contra sus antiguos bancos y auditores

Enrico Bondi, comisario-administrador de Parmalat, ha entablado una batalla judicial de consecuencias profundas en las grandes entidades financieras y en las sociedades auditoras. Bondi acusa a Union des Banques Suisses, Credit Suisse First Boston, Deutsche Bank y a los auditores de Grant Thornton y Deloitte Touche Tohmatsu de complicidad con los antiguos gestores en el fraude que condujo a la mayor suspensión de pagos de la historia europea, y exige una compensación superior a 11.000 millones de euros. Bank of America podría sumarse en los próximos días al grupo de los demandados.

Estas acciones judiciales son un elemento central del plan para salvar Parmalat y "para resarcir a los acreedores de buena fe, entre los que no figuran los grandes bancos que se aprovecharon de la sociedad y toleraron o favorecieron, en su propio provecho, las irregularidades cometidas por el anterior equipo directivo", explicaron fuentes cercanas a Bondi. El comisario de Parmalat anunció la pasada semana que el 50% de los beneficios obtenidos en los próximos 15 años, y el 50% de todo lo que se obtuviera en las demandas interpuestas estos días, sería destinado a los accionistas que apostaran por el relanzamiento del grupo alimentario italiano y participaran en las futuras ampliaciones de capital. Las demandas se han planteado de forma solidaria: si, por ejemplo, se obtuviera una sentencia favorable en la que afecta a los auditores, los bancos tendrían que cargar con parte de la indemnización.

Contra Deloitte

Lo más novedoso de la estrategia de Bondi es la gigantesca reclamación a los auditores, cuyo efecto potencial podría ser más devastador que el ejercido sobre la difunta Arthur Andersen por la crisis de Enron. Deloitte Touche Tohmatsu certificó durante años las cuentas de Calisto Tanzi, fundador y ex presidente de Parmalat, pese a que la existencia de un enorme endeudamiento oculto (establecido en casi 14.000 millones de euros por los nuevos gestores) era un secreto a voces en medios económicos.

Grant Thornton auditaba Parmalat Spa y otras filiales financieras establecidas en paraísos fiscales, y cooperó en la creación de la red de sociedades instrumentales donde se ocultaba la deuda. El pasado día 18, ante el Tribunal de Circuito del Condado de Cook (Illinois), la nueva dirección de Parmalat planteó contra ambas firmas una demanda de resarcimiento por 10.000 millones de dólares.

Grant Thornton alegó que cualquier responsabilidad debía circunscribirse a su filial italiana, que gozaba de "plena autonomía" y que ya fue expulsada en enero del grupo auditor internacional. La Grant Thornton italiana se convirtió en Italaudit, con un recorrido bastante breve desde entonces: entró en liquidación en julio y el jueves de la pasada semana la Consob (máxima autoridad bursátil italiana) la suprimió del registro de sociedades auditoras autorizadas. Deloitte, uno de los gigantes mundiales del sector, tiene por el momento una defensa menos definida frente a las acusaciones de Bondi.

Las demandas contra los bancos, que se ampliarán probablemente en los próximos días a entidades estadounidenses, no sólo se dirigen a recuperar dinero de Parmalat que, según los asesores jurídicos de Bondi, fue irregularmente percibido por esas entidades. Son, además, cruciales para dejar a esos mismos bancos fuera de la lista de legítimos acreedores y fuera del futuro capital de Parmalat, para evitar que participen en el desarrollo del plan de restructuración y viabilidad.

Parmalat reclama a Union des Banques Suisses (UBS) 290 millones de euros, más intereses, por una operación desarrollada en julio de 2003, cinco meses antes de que estallara la crisis. UBS respaldó dos emisiones de bonos de Parmalat por valor de 420 millones de euros, pero hizo que, con parte de ese dinero, Parmalat adquiriera al propio banco bonos del Banco Totta & Açores por 290 millones. A Credit Suisse First Boston (CSFB) se le reclaman 248,3 millones, porque en enero de 2002 suscribió una emisión de bonos convertibles de Parmalat por 500 millones, pero exigió al grupo alimentario un pago inmediato de 248,3 millones a cambio de los derechos de convertir deuda en acciones. Con Deutsche Bank, por último, la exigencia es de 17 millones: el gran banco alemán retiró, pocos días antes de la crisis, esa misma suma de las cuentas de Parmalat, para tapar un descubierto del grupo. Fue, como en los otros casos, una señal de que los bancos conocían la situación real de Parmalat y se cubrían las espaldas para evitar las consecuencias de la inevitable suspensión de pagos.